Condenan al Fisco a pagar $70 millones a expreso político que sufrió torturas y fue obligado a exiliarse durante la dictadura

El 21° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda de indemnización de perjuicios presentada por un hombre que sufrió detención ilegal, torturas y prisión política durante la dictadura militar, y condenó al Fisco de Chile a pagarle $70 millones por concepto de daño moral. El tribunal estableció que el demandante fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado entre 1974 y 1976, y que las reparaciones económicas y beneficios otorgados mediante leyes especiales no impiden reclamar una indemnización judicial. Asimismo, descartó que la acción estuviera prescrita, considerando su origen en crímenes de lesa humanidad.

La controversia se originó en una demanda contra el Fisco presentada por un hombre reconocido por la Comisión Valech como víctima de prisión política y tortura, quien solicitó $500 millones por daño moral, más reajustes, intereses y costas, debido a las consecuencias de la persecución sufrida durante la dictadura.

El afectado relató que, mientras estudiaba en la Universidad de Chile, sede Temuco, fue interrogado junto a su esposa tras el golpe de Estado de 1973 y ambos perdieron el acceso a las residencias universitarias. En febrero de 1974, agentes policiales y militares ingresaron violentamente a la vivienda donde residía con su familia y lo detuvieron junto a su cónyuge, mientras su hijo tenía tres meses.

Según denunció, permaneció diez días en el Regimiento Tucapel, donde fue interrogado por supuestos vínculos con el MIR y sometido a golpes, descargas eléctricas, quemaduras, amenazas contra su familia y simulacros de ejecución. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de Temuco sin recibir atención médica adecuada.

Un consejo de guerra lo condenó a siete años y un día de presidio por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, sobre la base de acusaciones que calificó de falsas y declaraciones obtenidas mediante torturas. Tras permanecer encarcelado cerca de dos años, fue expulsado a Francia en 1976, donde vivió exiliado durante trece años junto a su familia. En 1981, además, se le prohibió ingresar a Chile.

El demandante sostuvo que estos hechos provocaron graves secuelas físicas, psicológicas, familiares y profesionales. Como respaldo, invocó su reconocimiento oficial como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech en 2004.

El demandante sostuvo que las detenciones arbitrarias, las torturas, el encarcelamiento y la persecución política constituían graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, conforme al derecho internacional. Argumentó que la responsabilidad del Estado debía determinarse según la Constitución, los tratados internacionales y las normas de derecho público, que establecen la obligación de respetar los derechos fundamentales y reparar sus vulneraciones.

Asimismo, afirmó que los hechos le provocaron un daño moral derivado del sufrimiento físico y psicológico, cuya existencia podía inferirse de la gravedad de las vulneraciones acreditadas. Por ello, solicitó declarar la responsabilidad del Fisco y ordenar el pago de la indemnización reclamada.

El Consejo de Defensa del Estado solicitó rechazar la demanda, sosteniendo que el afectado ya había recibido reparaciones económicas, sociales y simbólicas establecidas por leyes especiales, por lo que no correspondía una nueva indemnización. Además, alegó que la acción estaba prescrita conforme a los plazos de cuatro o cinco años del Código Civil, argumentando que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no se extendía necesariamente a las demandas civiles.