Corte confirma multa de 500 UTM a constructora por roturas de tuberías de gas

La Corte de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad de Sicomaq SpA contra la SEC, confirmando una multa de 500 UTM por seis roturas de tuberías de gas durante obras públicas, debido al uso reiterado de maquinaria pesada pese a las advertencias sobre los riesgos de excavación.

La controversia se originó por una sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinaria SpA (Sicomaq SpA), por infringir el Reglamento de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas de Red. La autoridad atribuyó a la empresa seis roturas de tuberías de gas ocurridas durante la ejecución de obras públicas en Puerto Natales y Punta Arenas, debido al empleo de procedimientos de excavación inadecuados.

La constructora sostuvo que había actuado diligentemente mediante el procedimiento preventivo «Llame Antes de Excavar» (LLAE), la realización de calicatas manuales y la aplicación de su protocolo interno de excavaciones seguras. Atribuyó los incidentes a deficiencias en la información proporcionada por la concesionaria Gasco Magallanes S.A., como la falta de cables detectores, la ausencia de cintas de advertencia y las discrepancias entre los planos y las condiciones reales del terreno. Alegó que la SEC había establecido un régimen de responsabilidad objetiva, omitido ponderar antecedentes relevantes y vulnerado los principios de culpabilidad, confianza legítima y proporcionalidad. Por ello, solicitó dejar sin efecto la multa o, subsidiariamente, sustituirla por una amonestación escrita o reducirla al mínimo legal.

Por su parte, la SEC defendió la legalidad de su actuación, argumentando que la normativa obliga a quienes ejecutan obras civiles cerca de redes de gas a adoptar las medidas necesarias para evitar daños. Sostuvo que la empresa había recibido advertencias sobre la discontinuidad de los cables detectores e instrucciones expresas de realizar excavaciones manuales en determinados sectores, pero persistió en utilizar maquinaria pesada, provocando seis roturas. Añadió que la multa se ajustaba a los parámetros legales, considerando los riesgos ocasionados, las interrupciones del suministro y la capacidad económica de la infractora.

Al resolver, la Corte de Santiago recordó que el reclamo de ilegalidad constituye un mecanismo de revisión de derecho estricto, limitado al control de legalidad de la actuación administrativa, sin que permita modificar los hechos establecidos durante el procedimiento sancionatorio.