Corte Suprema cierra la puerta a impugnación tardía del proyecto Puente Industrial

En ese contexto, el máximo Tribunal precisó que la legislación contempla un régimen especial de invalidación ambiental, distinto de la facultad general que permite a la Administración revisar sus propios actos dentro de dos años. Mientras esta última constituye una potestad administrativa de control de legalidad, el mecanismo especial funciona como una vía de impugnación para terceros que no intervinieron en el procedimiento original. Asimismo, destacó que, bajo este régimen especial, es posible reclamar judicialmente contra la decisión administrativa que resuelve la solicitud de invalidación, tanto si la acoge como si la rechaza, a diferencia del régimen general, que solo permite impugnar el acto que efectivamente invalida una decisión.

Respecto de los plazos, la Corte Suprema sostuvo que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que la solicitud de invalidación fundada en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación o publicación del acto cuestionado. Añadió que este criterio resulta coherente con las demás vías de impugnación previstas en la legislación ambiental, que contemplan plazos equivalentes para recurrir ante la Administración y posteriormente ante los tribunales. Una interpretación distinta podría desincentivar la participación ciudadana temprana y prolongar la incertidumbre sobre la validez de los proyectos aprobados.

Aplicando estas consideraciones al caso concreto, el máximo Tribunal advirtió que la resolución de calificación ambiental fue publicada el 7 de febrero de 2019, mientras que los reclamantes solicitaron la invalidación fuera de plazo el 16 de octubre de 2020, aproximadamente un año y ocho meses después. Por consiguiente, la petición solo podía entenderse formulada conforme al régimen general de la Ley N° 19.880, tanto por la disposición expresamente invocada como por haberse presentado después de los 30 días exigidos por la normativa especial. Bajo esas circunstancias, el rechazo administrativo de la solicitud no habilitaba a los interesados para acudir al Tribunal Ambiental mediante la reclamación ejercida.

La Corte Suprema agregó que la legislación ambiental contiene una regla destinada a impedir que la potestad general de invalidación se utilice para reabrir controversias cuando los recursos administrativos y judiciales especiales ya fueron resueltos o vencieron los plazos para interponerlos. Explicó que esta limitación no depende de la identidad de quien solicita la invalidación, sino de la existencia de procedimientos específicos de impugnación que deben respetarse. En el caso examinado, observó que diversos cuestionamientos técnicos al proyecto ya habían sido conocidos y desestimados en otra reclamación ambiental, cuya sentencia también fue impugnada ante el máximo Tribunal, sin éxito. De esta manera, advirtió que, además de la presentación tardía de la solicitud, existía un impedimento legal para dejar sin efecto la aprobación ambiental mediante el régimen general de invalidación.

Finalmente, el máximo Tribunal abordó las alegaciones relativas al acceso a la justicia ambiental, señalando que la existencia de plazos y procedimientos especiales no supone, por sí misma, una vulneración de ese derecho. Razonó que los terceros que no participaron en la evaluación ambiental cuentan con una vía para cuestionar las decisiones administrativas, siempre que la ejerzan dentro de las condiciones temporales establecidas por el ordenamiento jurídico. De esta manera, consideró que la interpretación adoptada permite compatibilizar la protección judicial de los intereses ambientales con la seguridad jurídica que debe regir la aprobación y ejecución de los proyectos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº3502-2024 y del Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia) Rol N° R-36-2021.