Corte Suprema mantiene cobro de más de $48 millones por arriendo de maquinaria y valida prueba de deuda respaldada por facturas

La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación en la forma y rechazó, por manifiesta falta de fundamento, un recurso de casación en el fondo interpuestos contra una sentencia que reconoció el derecho de una empresa a cobrar más de $48 millones por contratos de arriendo de equipos y maquinaria. El máximo tribunal concluyó que la existencia de la obligación había sido acreditada mediante el conjunto de documentos incorporados al juicio y no únicamente por la falta de reclamo oportuno de las facturas. Asimismo, descartó que se hubiera alterado indebidamente la carga de la prueba.

La controversia surgió por una demanda de cobro de $48.361.553 derivada de contratos de arriendo de equipos y maquinaria. La parte demandada cuestionó el cumplimiento de las obligaciones de la empresa arrendadora y presentó una demanda reconvencional. El tribunal de primera instancia acogió la acción principal y rechazó la reconvención. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de La Serena desestimó el recurso de casación en la forma y confirmó la sentencia, manteniendo la obligación de pago y el rechazo de las pretensiones de la demandada.

Frente a ese pronunciamiento, la parte demandada principal y demandante reconvencional recurrió ante la Corte Suprema, interponiendo nuevamente recursos de casación en la forma y en el fondo.

En cuanto al recurso de casación en la forma la recurrente alegó que se omitió una prueba confesional previamente decretada, lo que le habría provocado indefensión, especialmente porque sus defensas y demanda reconvencional fueron rechazadas por falta de pruebas. Por ello, solicitó la nulidad de la sentencia, invocando el artículo 768 N°9, en relación con el artículo 795 N°4 y N°6 del Código de Procedimiento Civil, por omisión de diligencias esenciales del procedimiento.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma al constatar que la demandada reiteró la misma causal y los mismos argumentos que ya habían sido rechazados por la Corte de La Serena. La mayoría del tribunal estimó que la nueva impugnación constituía una “casación de casación”, figura no permitida por el ordenamiento jurídico, pues buscaba cuestionar una resolución que ya había resuelto un recurso de igual naturaleza. Para ello, recordó que el artículo 63 N°1, letra a), del Código Orgánico de Tribunales establece que las Cortes de Apelaciones conocen estos recursos en única instancia.

En el recurso de casación en el fondo, la recurrente denunció una aplicación incorrecta de la Ley N°19.983 y del artículo 1698 del Código Civil, alegando que los tribunales presumieron la prestación efectiva de los servicios por la falta de reclamo oportuno de las facturas, sin exigir a la empresa demandante acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, sostuvo que se invirtió indebidamente la carga de la prueba al exigirle demostrar el incumplimiento de la contraparte para invocar la excepción de contrato no cumplido, infringiendo los artículos 1489, 1545, 1546 y 1552 del Código Civil. También cuestionó que se le exigiera acreditar un supuesto «engaño», requisito que consideró ajeno a dicha excepción.

Al analizar estos argumentos, la Corte Suprema constató que el recurso se construía sobre hechos distintos de aquellos establecidos en la sentencia impugnada.

En particular, explicó que los tribunales de instancia no habían determinado la existencia de la deuda únicamente a partir de una presunción derivada de la falta de reclamo de las facturas.

Por el contrario, la sentencia había examinado conjuntamente los documentos incorporados al proceso y, sobre esa base, tuvo por acreditada la celebración de contratos de arriendo de equipos y maquinaria, así como la existencia de una obligación de pago por $48.361.553.

El máximo tribunal destacó que las facturas fueron consideradas como medios de prueba de la relación contractual que dio origen a la deuda y no simplemente como documentos destinados a exigir su cobro.

Precisó que la falta de reclamo oportuno de las facturas adquirió relevancia al examinar posteriormente la excepción de contrato no cumplido planteada por la demandada.

En ese contexto, los jueces de instancia consideraron que, al no haberse acreditado una reclamación dentro del plazo correspondiente, las facturas debían entenderse irrevocablemente aceptadas, con la consiguiente presunción de que los servicios habían sido prestados.

Sin embargo, esa conclusión no fue el único fundamento utilizado para establecer la obligación de pago.

La Corte Suprema también destacó que la sentencia impugnada había determinado que la demandada no acreditó el pago de la deuda ni los incumplimientos contractuales que atribuía a la empresa arrendadora.

De esta manera, concluyó que la recurrente pretendía modificar los hechos establecidos en el juicio, sosteniendo que, si se descartaba el valor probatorio de la aceptación de las facturas, no existirían antecedentes suficientes para demostrar la prestación de los servicios.