Justicia de EE.UU. frena intento del gobierno de Trump de reformar fondos de programa habitacional

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, desestimó la solicitud del gobierno liderado de Donald Trump para anular la orden judicial que suspendió la reforma del Programa de Iniciativas de Vivienda Justa. Dicha instancia judicial, conformada por un panel de tres jueces designados durante administraciones del Partido Demócrata, determinó que el Ejecutivo no logró acreditar que el magistrado de primera instancia se hubiera extralimitado en sus atribuciones al frenar las modificaciones impulsadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El conflicto legal comenzó tras la demanda interpuesta por la National Fair Housing Alliance y el Massachusetts Fair Housing Center frente a las directrices promovidas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. En primera instancia, el juez de distrito resolvió a favor de las organizaciones demandantes al constatar que la autoridad federal no ofreció fundamentos razonados ni datos pertinentes para justificar un esquema que excluía a las entidades que tradicionalmente han ejecutado las labores de prevención e investigación de actos discriminatorios.

La iniciativa gubernamental pretendía reasignar 46 millones de dólares, de un total de 56 millones de dólares autorizados por el Congreso para el año fiscal 2025, concentrándolos en solo cinco asignaciones, entre ellas 25 millones de dólares para una facultad de derecho y 10 millones de dólares para entidades estatales o locales. Adicionalmente, el gobierno de Donald Trump intentó incorporar cláusulas restrictivas ajenas al objetivo del plan original, prohibiendo a los receptores destinar recursos a temáticas vinculadas con ideología de género o con migración irregular.

El Departamento de Justicia apeló en representación del gobierno alegando que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano cuenta con facultades discrecionales para distribuir el presupuesto y acusando al juez de realizar una indebida intervención administrativa. Desde el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano confirmaron que continuarán utilizando las vías judiciales para validar la reestructuración financiera, mientras que las representaciones legales de la National Fair Housing Alliance y del Massachusetts Fair Housing Center no emitieron declaraciones adicionales.

El tribunal de alzada mantuvo casi en su totalidad la medida cautelar que paraliza la reestructuración, pero dejó sin efecto la exigencia que obligaba al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a publicar convocatorias bajo las reglas de 2024 antes de finalizar septiembre de 2025. Esta modificación se adoptó luego de que la administración señalara que el Congreso aprobó una extensión presupuestaria que amplió la vigencia de los recursos económicos hasta el 30 de septiembre de 2027, dejando sin objeto la urgencia inicial decretada en primera instancia.

El Programa de Iniciativas de Vivienda Justa, establecido por el Congreso en 1987 para hacer cumplir la Ley de Vivienda Justa, entregaba históricamente más de 100 aportes plurianuales con montos de entre 75.000 y 425.000 dólares. El tribunal de apelaciones ratificó que el gobierno no puede privar de estos fondos a la red de entidades sin fines de lucro mientras se resuelve de fondo la apelación, garantizando temporalmente la continuidad operativa de los organismos dedicados a la defensa comunitaria frente a la discriminación habitacional.

Vea texto de la resolución.