Proyecto de ley busca que emprendedores obtengan patente municipal provisoria de forma inmediata y sin trámites innecesarios

Un proyecto de ley presentado por el diputado Javier Olivares (A), con el patrocinio de las diputadas Paula Olmos y Zandra Parisi, y de los diputados Álvaro Jofre, Roberto Arroyo y Patricio Briones, propone modificar el Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, para simplificar y agilizar la obtención de patentes municipales, especialmente por parte de las micro y pequeñas empresas.

La iniciativa busca permitir que las municipalidades implementen una matriz de admisibilidad de usos de suelo, mediante la cual los interesados puedan verificar si una actividad económica está permitida en un determinado inmueble, sin necesidad de solicitar un certificado de informaciones previas. Una vez comprobada esa condición y cumplidos los demás requisitos legales, procedería el otorgamiento inmediato de una patente provisoria.

Los autores fundamentan la propuesta en las dificultades que enfrentan los emprendedores para formalizar sus actividades. Según la VIII Encuesta de Microemprendimiento del INE, en Chile existen cerca de dos millones de microemprendedores, de los cuales solo el 25,7% cuenta con patente o permiso municipal. La falta de formalización persiste incluso entre quienes perciben más de $2 millones mensuales, pues el 93,1% ha iniciado actividades ante el SII, pero solo el 55% dispone de patente.

Asimismo, la Comisión Nacional de Productividad señala que apenas 13 de cada 100 microempresas que inician actividades obtienen autorización municipal. Como alternativa, los parlamentarios destacan el modelo de Huechuraba, que permite obtener una patente provisoria en línea durante el mismo día mediante una matriz digital de usos de suelo, sistema que más de quince municipios estarían interesados en replicar.

Sin embargo, advierten que la legislación vigente presenta tres dificultades. La primera es que no reconoce expresamente valor legal a las matrices de usos de suelo, pese a que la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N°10.693, de 2009, ha señalado que las municipalidades deben considerar las normas urbanísticas aun cuando el interesado no acompañe un certificado de informaciones previas.

La segunda consiste en que el régimen especial del artículo 26 del Decreto Ley N°3.063 se refiere a actividades previamente autorizadas por la autoridad competente, sin incluir expresamente aquellas habilitadas mediante aviso o declaración jurada, conforme a la Ley N°21.770.

La tercera dificultad radica en que la patente municipal no fue clasificada dentro de las seis categorías de autorizaciones sectoriales contempladas en esa ley, que establecen plazos máximos de tramitación y efectos del silencio administrativo. Su doble naturaleza, como autorización para ejercer una actividad económica y tributo municipal, genera incertidumbre sobre la aplicación de estas reglas, considerando que el artículo 4°, letra f), excluye determinados trámites tributarios.

Para abordar estas limitaciones, el proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 26 del Decreto Ley N°3.063, a fin de permitir a las municipalidades establecer, mediante resolución fundada de la Dirección de Obras Municipales, una matriz que identifique las actividades económicas admitidas según el rol de avalúo de cada inmueble y la zona correspondiente del instrumento de planificación territorial.