Proyecto de ley busca sancionar la difusión de información falsa por organismos públicos

La iniciativa también tipifica una infracción administrativa autónoma por incumplimiento del deber de veracidad, que podría calificarse como gravísima, grave o menos grave, según las circunstancias del caso y la existencia de dolo o culpa.

Entre las circunstancias agravantes se consideran la reiteración de la conducta, la alta investidura de la autoridad involucrada, el uso de canales de difusión masiva y la negativa a rectificar la información. En cambio, la rectificación espontánea constituiría una atenuante especial.

Las sanciones se aplicarían conforme al estatuto funcionarial correspondiente, incluido el Estatuto Administrativo, que contempla medidas como censura, multa, suspensión y destitución. Para las infracciones calificadas como gravísimas, el proyecto contempla la posibilidad de aplicar la destitución. Además, quienes hayan participado en la difusión cuestionada no podrían instruir el sumario administrativo respectivo.

La propuesta reconoce legitimación para solicitar la rectificación a las personas naturales, personas jurídicas y asociaciones de interés público que resulten afectadas por una comunicación institucional.

Si la solicitud administrativa es rechazada, el afectado podría presentar una demanda ante el Juzgado de Letras en lo Civil, que se tramitaría conforme a las reglas del juicio sumario, previstas en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Mediante este procedimiento, se podría solicitar al tribunal que ordene retirar el mensaje cuestionado y publicar una rectificación dentro de un plazo máximo de diez días.

El segundo artículo modifica la Ley N° 18.575 para incorporar expresamente el principio de veracidad informativa institucional entre los principios rectores de la Administración del Estado, junto con la probidad, la eficacia, la coordinación y la transparencia. Para ello, modifica el inciso segundo del artículo 3 y el inciso primero del artículo 13 de ese cuerpo legal, incorporando también el deber de cumplimiento funcional correspondiente.

Los autores buscan otorgar a la veracidad informativa un reconocimiento normativo equivalente al de otros principios que rigen la función pública. De este modo, las comunicaciones oficiales quedarían sujetas a exigencias orientadas al bien común y no podrían utilizarse como un espacio de discrecionalidad destinado a la propaganda personal.

La moción distingue este principio de las obligaciones de transparencia reguladas por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Mientras la transparencia se refiere al acceso a la información que el Estado mantiene o debe entregar a solicitud de las personas, la veracidad busca asegurar la fidelidad fáctica y técnica de los contenidos que los organismos públicos difunden por iniciativa propia.

La iniciativa invoca los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución, relativos a los principios de juridicidad y probidad pública, como fundamento para someter las comunicaciones de las autoridades a reglas que aseguren su orientación al interés general.

También se apoya en el artículo 19 N° 12 de la Constitución, sobre libertad de expresión y derecho a la información. Según sus autores, la propuesta busca resguardar tanto la libertad de opinión de los funcionarios fuera del ejercicio de sus funciones como el derecho de la ciudadanía a recibir información pública verídica y verificable.

En materia disciplinaria, el proyecto remite al artículo 121 y siguientes del Estatuto Administrativo, como marco para aplicar las sanciones correspondientes. Para la acción judicial de rectificación, contempla las normas que regulan el juicio sumario en el Código de Procedimiento Civil.

La moción también se fundamenta en estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el caso Claude Reyes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus autores sostienen que estos instrumentos respaldan el control democrático de la actuación estatal y exigen un deber reforzado de cuidado para evitar que los agentes públicos difundan información falsa o engañosa.

En definitiva, el proyecto busca establecer obligaciones expresas de veracidad para las comunicaciones oficiales, mecanismos de rectificación con visibilidad equivalente, sanciones administrativas por incumplimiento y una vía judicial para exigir la corrección de mensajes institucionales. Según sus impulsores, estas medidas permitirían fortalecer la responsabilidad de los organismos públicos, la confianza ciudadana y el control sobre el uso de los canales oficiales de comunicación.

Vea texto mociónBoletín N°18.697-06 y siga su tramitaciónaquí.