Corte anula juicio contra conductor que atropelló y causó la muerte de peatona: llamar a Carabineros no justificaba rebajar la pena

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público e invalidó la sentencia que condenó a un conductor por causar la muerte de una peatona mientras manejaba bajo la influencia del alcohol, sin licencia de conducir y a exceso de velocidad. El tribunal concluyó que el fallo no fundamentó adecuadamente el reconocimiento de una circunstancia atenuante que permitió reducir la pena y sustituir su cumplimiento por libertad vigilada intensiva.

La controversia se originó en un accidente ocurrido el 30 de diciembre de 2025, en Punta Arenas, cuando una mujer que cruzaba por un paso peatonal junto a su pareja fue atropellada por un automóvil que circulaba a 88 kilómetros por hora. El conductor, que no tenía licencia y manejaba bajo la influencia del alcohol, no respetó la preferencia de paso de la víctima, quien falleció producto de sus graves lesiones. Tras el atropello, el vehículo chocó contra un poste y el cierre de una vivienda. Un informe retrospectivo de alcoholemia estableció que, al momento del accidente, el conductor presentaba entre 0,68 y 1,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al conductor a cinco años de reclusión, multa de 21 UTM, suspensión de la licencia por 60 meses, comiso del vehículo y penas accesorias, por conducir bajo la influencia del alcohol, sin licencia, causando la muerte de una persona. Sin embargo, por mayoría, sustituyó la pena de prisión por cinco años de libertad vigilada intensiva, reconociendo las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Esta última se fundó en que el acusado llamó a Carabineros, reconoció su responsabilidad y declaró en tres oportunidades, explicando además que se había alejado del lugar por amenazas de la pareja de la víctima. El tribunal también reconoció 244 días de abono, autorizó pagar la multa en doce cuotas y lo absolvió del delito de incumplimiento de las obligaciones posteriores al accidente.

El Ministerio Público recurrió de nulidad, alegando que la sentencia no justificó por qué las declaraciones del condenado constituyeron una colaboración sustancial, considerando que ya existían testigos y otras pruebas suficientes para esclarecer los hechos. Sostuvo que el reconocimiento de esta atenuante permitió rebajar la pena y conceder libertad vigilada intensiva, cuando, de haberse descartado, la sanción habría sido de cinco años y un día a diez años de presidio, sin posibilidad de acceder a una pena sustitutiva.

La parte querellante también recurrió de nulidad, argumentando que el tribunal confundió el cumplimiento de las obligaciones legales posteriores a un accidente con una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Cuestionó que la llamada a Carabineros justificara esta atenuante, pese a haber sido descartada para otra, y sostuvo que las amenazas recibidas por el conductor se relacionaban con un delito del que fue absuelto, no con aquel por el que resultó condenado.

Al examinar los antecedentes, la Corte recordó que, conforme a los artículos 297 y 342 del Código Procesal Penal, los jueces pueden valorar libremente la prueba, pero deben fundamentar sus decisiones respetando las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.