Violación del debido proceso
Justicia europea dictamina que interrogar a detenidos sin abogado es ilegal
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acogió las demandas por incumplimiento presentadas por la Comisión Europea contra Hungría y la República Checa. El Tribunal determinó que ambos países vulneraron la directiva comunitaria sobre asistencia legal en causas penales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acogió las demandas por incumplimiento presentadas por la Comisión Europea contra Hungría y la República Checa. El Tribunal determinó que ambos países vulneraron la directiva comunitaria sobre asistencia legal en causas penales.
La controversia surgió porque las leyes de ambos Estados permitían interrogar a personas investigadas sin su letrado si este no llegaba en un tiempo fijado. En Hungría bastaba esperar dos horas tras el aviso de detención, mientras que la República Checa establecía cuarenta y ocho horas o la falta de ubicación del abogado.
Los jueces recordaron que la directiva exige la presencia física y la participación real del abogado para garantizar un proceso imparcial en toda la región. El TJUE remarcó que las normas comunes buscan afianzar la confianza recíproca entre los tribunales de los distintos países miembros.
La resolución señaló que la normativa europea contiene una lista cerrada de situaciones urgentes que autorizan postergar la presencia del abogado. Por ello, las autorizaciones generales aplicadas por Hungría y la República Checa carecen de validez jurídica dentro del marco comunitario.
El fallo también declaró que Hungría no trasladó a su ley las condiciones exigidas para renunciar al defensor. Aunque ese país considera la defensa como un derecho inalienable, permitía prescindir de ella sin respetar las exigencias mínimas impuestas por la Unión Europea.
A partir de esta sentencia, Hungría y la República Checa deben corregir sus leyes internas a la brevedad posible para cumplir con el estándar europeo. Si no implementan estos cambios, la Comisión Europea podrá iniciar un nuevo procedimiento para exigir sanciones económicas.
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