Justicia de EE.UU. confirma sentencia que anuló norma sobre suspensión de deportaciones de migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un requerimiento de urgencia que buscaba restituir la vigencia de una regulación federal adoptada en mayo de 2024. Dicha disposición de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración facultaba a los jueces de la materia a disponer el cierre administrativo, pausando causas de baja prioridad mientras los extranjeros tramitaban visados humanitarios, protecciones por delitos o peticiones por vínculos familiares.

A través de una resolución breve y sin votos disidentes en la causa de la Ciudad de Baltimore contra Texas, la Corte ratificó el dictamen adoptado por el juez presidente del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Texas. Aquella decisión invalidó a nivel nacional la directriz regulatoria e impidió la emisión de disposiciones equivalentes sin un mandato legal emanado del Congreso.

La controversia se originó a partir de una acción judicial interpuesta por el Estado de Texas contra el Departamento de Justicia de EE. UU. Ambas partes acordaron el mismo día de la demanda una sentencia de consentimiento para dejar sin efecto la normativa, lo que motivó el intento de intervención de las ciudades de Baltimore, Columbus y New Haven, junto con el Centro Legal de la Raza.

Tras el rechazo a su intervención en primera instancia y en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, la coalición recurrió al juez de la Corte Suprema Samuel Alito alegando una maniobra procesal concertada para eludir los trámites de consulta pública previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante, el procurador general D. John Sauer y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, refutaron la legitimación activa de los requirentes.

Desde la representación jurídica de los solicitantes, se cuestionó el entendimiento judicial alcanzado entre las autoridades estatales y federales al señalar que privó a las comunidades de participación reglamentaria. La causa principal de apelación continúa pendiente de resolución definitiva ante los estrados del Quinto Circuito.

La decisión del máximo tribunal deja en situación de eventual reactivación a más de 300.000 expedientes que permanecían archivados bajo esta modalidad. El debate jurídico coincide con una serie de reestructuraciones sobre el sistema judicial migratorio, marcadas por remociones de magistrados y peticiones gubernamentales para desestimar solicitudes de asilo pendientes sin audiencias de fondo.

Vea texto de la resolución.