Corte de Santiago ordena a AFP devolver fondos previsionales a trabajador mexicano por exigir requisitos no contemplados en la ley

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por un profesional extranjero y ordenó a AFP PlanVital restituir la totalidad de los fondos acumulados durante su período de trabajo en Chile. El tribunal estableció que la administradora rechazó la solicitud basándose en exigencias formales no previstas en la Ley N°18.156, pese a que el afiliado había acreditado su incorporación a un sistema de seguridad social en México.

El recurrente, profesional mexicano con grado de Maestro en Ingeniería de Sistemas, solicitó a AFP la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, al amparo de la Ley N°18.156. Para acreditar que cumplía los requisitos, acompañó documentos oficiales que demostraban su afiliación vigente al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 19 de junio de 1991, con 536 semanas cotizadas y cobertura en los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, entre otros.

Explicó que trabajaba en Chile desde octubre de 2012 y que, tanto en 2013 como en un nuevo anexo contractual de abril de 2026, había manifestado su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional mexicano y cotizar en Chile solo cuando existiera obligación legal. Sin embargo, AFP rechazó sus solicitudes en abril y junio de 2026, invocando la falta de acreditación de una cobertura previsional efectiva durante todo el período trabajado en Chile, deficiencias en la legalización de documentos y supuestas contradicciones en el anexo contractual.

El trabajador sostuvo que la administradora había cambiado sucesivamente los fundamentos de sus rechazos y exigido requisitos no contemplados en la Ley N°18.156. Alegó que esas decisiones vulneraban sus derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad. Por ello, solicitó que se declarara ilegal y arbitraria la negativa, se dejara sin efecto y se ordenara devolver los fondos dentro de cinco días hábiles desde que la sentencia quedara ejecutoriada. Subsidiariamente, pidió que la AFP continuara tramitando su solicitud sin exigir antecedentes adicionales a los establecidos legalmente, además de las medidas necesarias para proteger sus derechos y la condena en costas.

AFP PlanVital solicitó rechazar el recurso y sostuvo que la documentación presentada no cumplía las exigencias de la Superintendencia de Pensiones para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero. En particular, cuestionó que la certificación consular no señalara que había sido emitida en representación de la autoridad competente y que el anexo contractual de 2013 contuviera declaraciones contradictorias sobre la afiliación mexicana y los descuentos previsionales en Chile.

La administradora fundamentó su actuación en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y en los oficios ordinarios N°21.074, de noviembre de 2024, y N°7.848, de abril del mismo año. Añadió que la Ley N°18.156 es excepcional y debe interpretarse restrictivamente, que las instrucciones del organismo fiscalizador son obligatorias y que había aplicado los mismos criterios a todos sus afiliados. Finalmente, señaló que el rechazo no impedía presentar una nueva solicitud con los antecedentes corregidos y citó jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de su posición.

La Corte de Santiago recordó que el recurso de protección busca resguardar los derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que impidan, amenacen o perturben su ejercicio. Precisó que la arbitrariedad supone una decisión carente de razonabilidad o proporcionalidad, mientras que la ilegalidad implica contravenir las normas aplicables.

Con ese marco, el tribunal debía determinar si el rechazo de AFP, comunicado el 8 de junio de 2026, constituía una actuación ilegal o arbitraria que vulnerara los derechos de propiedad o de igualdad ante la ley del trabajador.