Corte de Santiago ordena a Enel eliminar cobro por consumo eléctrico que había sido rechazado por la SEC

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una clienta contra Enel y ordenó eliminar de sus boletas un cobro de $122.058 por consumo eléctrico no registrado, junto con los intereses, reajustes y demás recargos asociados. El tribunal consideró arbitrario que la empresa reincorporara una deuda cuya facturación había sido expresamente desautorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La controversia se originó cuando Enel cobró $122.058 por un consumo eléctrico estimado durante el período en que el medidor de un departamento y el colector de datos del edificio estuvieron fuera de servicio por reparaciones. La propietaria reclamó ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que en junio de 2024 ordenó eliminar el cobro y los gastos de normalización del medidor, decisión que mantuvo tras rechazar la reposición presentada por la empresa.

Sin embargo, en enero de 2026 Enel volvió a incluir la deuda en la cuenta eléctrica, con intereses y recargos, bajo advertencia de suspender el suministro. Ante ello, la afectada interpuso un recurso de protección, alegando que el cobro vulneraba su derecho de propiedad al desconocer lo resuelto por la autoridad fiscalizadora.

Al informar sobre el recurso, Enel solicitó su rechazo y sostuvo que había cumplido lo ordenado por la SEC, descontando $228.631 de la cuenta eléctrica, incluidos los $122.058 cuestionados y diversos intereses. Explicó que, mientras se tramitaban los reclamos, mantuvo ese monto como saldo en disputa y que, tras efectuar la refacturación, lo reincorporó a la cuenta en enero de 2026. Por ello, negó haber actuado ilegal o arbitrariamente y afirmó que cualquier eventual perjuicio había sido subsanado.

Por su parte, SEC explicó que, tras los reclamos presentados por la usuaria desde marzo de 2023, ordenó a Enel eliminar el cobro de $122.058 por consumo no registrado y los gastos de normalización del medidor, al considerar que la empresa no acreditó técnicamente la falla que justificaba la facturación. La decisión fue ratificada en enero de 2025, luego de que la distribuidora no aportara nuevos antecedentes.