CS revoca fallo que ordenaba a BancoEstado pagar licencias médicas a trabajadora venezolana sin cédula chilena

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido un recurso de protección presentado por una trabajadora venezolana contra BancoEstado y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), debido a las dificultades que enfrentaba para cobrar los subsidios correspondientes a cuatro licencias médicas y maternales debidamente autorizadas.

El máximo tribunal concluyó que la controversia excedía los límites del recurso de protección, pues requería determinar la legalidad del procedimiento de cobro y establecer si correspondía efectuar el pago en la forma solicitada, materias que deben discutirse mediante los mecanismos legales pertinentes.

La controversia se originó cuando una trabajadora venezolana en situación migratoria irregular no pudo cobrar en BancoEstado los subsidios correspondientes a cuatro licencias médicas autorizadas por la COMPIN del Biobío, otorgadas entre enero y noviembre de 2025 por enfermedad común, complicaciones del embarazo y descansos prenatal y postnatal. La entidad bancaria le exigió una cédula de identidad chilena vigente o un pasaporte, rechazando el comprobante de solicitud de RUN obtenido conforme a la Ley N°21.325, y le indicó que podía otorgar un poder notarial a un ciudadano chileno para efectuar el cobro. Pese a nuevas gestiones realizadas en noviembre, el pago volvió a ser rechazado. La trabajadora denunció que esta negativa constituía una discriminación por su situación migratoria y la privaba de recursos esenciales para su subsistencia y la de su hijo recién nacido, por lo que interpuso un recurso de protección contra BancoEstado y la COMPIN, alegando la vulneración de sus derechos a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y propiedad.

BancoEstado solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que no se acreditó la negativa de pago ni su ilegalidad y que sus funcionarios actuaron conforme a los protocolos de seguridad, pues la trabajadora solo presentó un comprobante de solicitud de RUN, documento que no permite acreditar identidad. La COMPIN confirmó que las cuatro licencias estaban autorizadas, pero informó que los fondos fueron devueltos a la Tesorería General de la República tras seis meses sin cobro, por lo que requerían una reasignación administrativa. Por su parte, el Registro Civil confirmó que la recurrente tenía un RUN asignado, aunque no había solicitado cédula de identidad, mientras que Migraciones señaló que ingresó por un paso no habilitado en noviembre de 2023 y permanecía en situación irregular, pese a estar enrolada conforme a la Ley N°21.325, sin registrar una orden de expulsión ejecutoriada.