Corte de Santiago rechaza recurso contra Tesorería por cobranza ejecutiva de deuda del CAE

La Corte de Santiago desestimó la acción cautelar al estimar que el procedimiento de cobro ejecutivo contempla mecanismos específicos para controvertir la deuda, sin que se acreditara que el recurrente estuviera impedido de ejercer su derecho a defensa.

El caso se originó luego de que el recurrente denunciara que la Tesorería General de la República le notificó, mediante correo electrónico, un requerimiento de pago en el marco de un procedimiento de cobro ejecutivo de una deuda derivada de un Crédito con Aval del Estado (CAE). A su juicio, la actuación constituía una amenaza para su patrimonio y remuneraciones, pues habilitaba la adopción de medidas de embargo y apremio. Añadió que, durante el año anterior, había celebrado un convenio de pago en 24 cuotas, las que afirmaba haber cumplido íntegramente, por lo que desconocía las razones de la nueva cobranza. Por ello, alegó la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, y solicitó suspender el procedimiento de embargo y adoptar medidas proporcionales a su situación económica.

Por su parte, la Tesorería General de la República solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que actuó dentro de sus atribuciones legales. Explicó que el convenio de pago invocado por el recurrente figuraba caducado y que subsistía una deuda fiscal cuyo cobro se encontraba sometido al procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario. Asimismo, precisó que no se había materializado embargo alguno sobre sus bienes o remuneraciones y que la notificación informaba expresamente al deudor de su derecho a oponer excepciones dentro del plazo legal. Añadió que la existencia, exigibilidad y monto de la deuda debían controvertirse mediante los mecanismos de defensa previstos en el procedimiento especial de cobranza.

La Corte de Santiago desestimó la acción cautelar, al concluir que el conflicto debía discutirse en el procedimiento de cobro ejecutivo iniciado por la Tesorería Provincial de Maipú. El tribunal señaló que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 faculta a dicho organismo para ejercer las acciones de cobranza judicial y extrajudicial respecto de los créditos del sistema de financiamiento de estudios superiores de los cuales sea titular el Fisco o respecto de los cuales se haya hecho efectiva la garantía estatal. A ello agregó que el Decreto Ley N° 1.263 y los artículos 168 y siguientes del Código Tributario permiten aplicar los procedimientos de cobranza correspondientes y contemplan mecanismos de oposición para el deudor.