Corte Suprema confirma rechazo de amparo y valida prisión preventiva de exministra Ángela Vivanco

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó una acción de amparo interpuesta en favor de una imputada sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva, al concluir que la resolución impugnada no adolece de falta de fundamentación y que se ajusta a las exigencias legales y constitucionales vigentes.

En su decisión, el máximo tribunal recordó que el artículo 19 N°7 de la Constitución asegura el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, estableciendo que nadie puede ser privado de ella sino en los casos y formas determinados por la Constitución y las leyes. En esa misma línea, el artículo 5 del Código Procesal Penal refuerza el principio de legalidad en materia de medidas privativas o restrictivas de libertad, el cual obliga a los jueces a sujetarse estrictamente a las formas legales al momento de adoptar decisiones que afecten la libertad ambulatoria de las personas.

La Corte explicó que dichas “formas” constituyen un umbral de legitimidad de las resoluciones judiciales, ya que su correcta observancia permite validar la restricción de la libertad personal dentro de un Estado de Derecho. Estas formas comprenden tanto aspectos extrínsecos —como la competencia del tribunal, la existencia de partes legitimadas y la realización de un debate previo— como intrínsecos, entre los que destaca especialmente la debida fundamentación de las decisiones judiciales.

En este contexto, el tribunal reiteró su jurisprudencia en orden a que la fundamentación de las sentencias constituye un elemento esencial del debido proceso, particularmente tratándose de resoluciones de alta relevancia como aquellas que se pronuncian sobre la prisión preventiva. Asimismo, indicó que dicha fundamentación permite no solo justificar la decisión, sino también posibilitar su control por parte de los intervinientes.

Respecto de la procedencia de la acción de amparo, la Corte Suprema precisó que esta puede utilizarse para impugnar resoluciones judiciales cuando se han dictado con infracción a las formas legales, especialmente en lo relativo al deber de fundamentación. Sin embargo, advirtió que dicha acción no es idónea cuando lo que se busca es cuestionar el fondo de la decisión o manifestar una mera discrepancia con los razonamientos del tribunal.

Al analizar el caso concreto, el máximo tribunal concluyó que la resolución recurrida sí cumplió con los estándares de fundamentación exigidos por la ley. En particular, estableció que la Corte de Apelaciones ponderó adecuadamente los argumentos de la defensa, descartando la alegación de incongruencia entre la querella y la formalización de la investigación mediante razonamientos jurídicos suficientes.