Decisión de ESVAL de no otorgar la extensión de red de agua para consumo y alcantarillado a proyecto inmobiliario por falta de autorizaciones, no es ilegal ni arbitraria.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que rechazó el recurso de protección deducido por Inmobiliaria Quinta Mar SpA y Constructora Costa Sol SpA, en contra de Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A. (ESVAL).

En su libelo, la recurrente expone que es dueña de un inmueble, que ha sido destinado para la creación de un conjunto habitacional denominado “Doña Josefina”. Indica que la obra se encuentra terminada, pero que ESVAL se niega a prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, obstaculizando con ello la obtención del certificado de ejecución de redes y obras de agua potable y alcantarillado, lo que a su vez le impide obtener la recepción municipal de la obra.

Indica que solicitó oportunamente la factibilidad de conexión del inmueble con los servicios de agua potable y alcantarillado, otorgando ESVAL el Certificado de Factibilidad en octubre del 2019 y que presentó el Proyecto de Extensión de Redes Públicas de Agua Potable, aprobándose en julio de 2020. En diciembre de 2020 presentaron los antecedentes para el inicio de las obras, pero la recurrida desestimó dicha solicitud, señalando que faltan las autorizaciones correspondientes de la Asociación de Canalistas y/o de la DGA para ejecutar atraviesos o interferencias en el canal existente en la propiedad de los recurrentes.