La desvinculación por la poca eficiencia del servidor público, amparado por la confianza legítima, se debe llevar a cabo por sumario administrativo y calificaciones.

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de La Serena, y acogió el recurso de protección deducido por un fonoaudiólogo en contra del Hospital de Coquimbo por no renovar su contrata para el año 2021, y dejó sin efecto la resolución impugnada, además de ordenar a la recurrida la renovación de la contrata del actor, no pudiendo ser desvinculado en lo sucesivo sino en virtud de un sumario administrativo legalmente tramitado o de una calificación anual que así lo permita.

En su libelo, el actor expuso que ingresó a desempeñar funciones en el establecimiento hospitalario en el año 2007, donde fue contratado como profesional a contrata, la cual fue prorrogada continua y sucesivamente hasta el año 2020. Agrega que durante el proceso calificatorio de los años 2008 a 2018, estuvo en Lista 1 de distinción, y en los años 2019 y 2020 fue calificado en Lista 2.

Por ello, esgrime que la decisión de no renovar su contrata para el año 2021 es ilegal y arbitraria, por cuanto desconoce el principio de la confianza legítima y el deber de fundar su decisión, ya que su desvinculación no se fundó en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de sus funciones, ni por la extinción de las mismas. Todo lo cual, ha vulnerado las garantías amparadas en el artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución; y solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.