La necesidad de proteger la vida de la reclusa embarazada obliga a adoptar medidas urgentes y suspender el cumplimiento efectivo del saldo de pena que actualmente cumple la amparada.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de amparo deducido por la defensa de la condenada por dos delitos de hurto que cumple su condena en el centro penitenciario con permiso de salida controlada al medio libre durante el día y salida de fin de semana.

Para ello tuvo presente que la amparada se encuentra embarazada, que cumple su condena el 04 de febrero de 2021, en tanto que el tiempo mínimo para postular al beneficio de la libertad condicional es el 08 de agosto de 2020 y que posee un bajo compromiso delictual. En este sentido y atendido la situación de riesgo por la pandemia del COVID 19, el legislador, haciéndose eco de las recomendaciones internacionales de los organismos de salud y de derechos humanos, ha dictado la ley 21.228, de conmutación de penas, que les permite a los condenados que cumplan ciertos requisitos, terminar de cumplir su condena privativa de libertad mediante la modalidad de privación total de libertad en su domicilio. En este orden de ideas, si bien la amparada no logra encasillar en las situaciones descritas por la norma, sea porque no cumple todos los requisitos para ello, o porque la demora en la tramitación haría ilusorio el beneficio pedido, el cual llegaría luego de cumplida ya la pena privativa de libertad que cumple la amparada, lo cierto es que la normativa internacional de Derechos Humanos permite concluir que la necesidad de proteger la vida de la reclusa y del producto de la gestación, unidad que constituirá, además, una familia al momento del nacimiento de su hija o hijo, obliga a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió, lo que sólo es posible, con la suspensión del cumplimiento efectivo del saldo de pena que actualmente cumple la amparada, sustituyendo dicha forma de satisfacción de la sanción, por la reclusión parcial domiciliaria, reconociéndose así, el derecho de la mujer embarazada a someterse a los cuidados médicos que sean necesarios para que su embarazo llegue felizmente a término, así como reconocer su capacidad laboral que le permite obtener los recursos necesarios para mantener a su familia.

El fallo puntualiza que la ley N°21.228 relativa a otorgamiento de indultos generales conmutativos a la población penal, se refirió a un grupo reducido de personas, bajo requisitos que no todos los condenados pudieron cumplir a dicha fecha, por lo que se debe preferir en este caso, por sobre las normas internas para la aplicación de las penas y su ejecución, las normas internacionales que protegen bienes superiores como es la seguridad e integridad física y psíquica de la amparada y la vida del que está por nacer. En la especie, por tratarse de una mujer reclusa, que se encuentra en estado de embarazo, le resultan aplicables normas internacionales de Derechos Humanos acordadas por los Estados, precisamente para evitar la discriminación en razón del género.