Diario Constitucional

Recurso de protección rechazado por la Corte Suprema.

Multas impuestas por la administración del edificio a residente por mantener dos mascotas en su unidad deben discutirse ante el Juzgado de Policía Local y no en sede de un recurso de protección.

El máximo Tribunal determinó que las disputas relacionadas con la aplicación de normas de copropiedad deben resolverse a través de los Juzgados de Policía Local y no mediante acciones cautelares, ya que estas instancias no son aptas para resolver cuestiones sobre la adecuación y legalidad de las sanciones impuestas por la administración del condominio.

Por Redacción·31 de julio de 2024·4 min de lectura
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La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago y desestimó el recurso de protección interpuesto por una residente contra la administración de su edificio, cuestionando las multas impuestas por la tenencia de dos mascotas en la unidad que habita, en circunstancias que se le habría conminado a limitar la tenencia a sólo una mascota.

La recurrente sostuvo que sus perros son cruciales para su bienestar emocional, especialmente para el manejo de sus episodios depresivos, y que las multas y advertencias recibidas desde octubre de 2022, sin considerar su solicitud de resolución extrajudicial, le han causado perjuicios económicos y riesgo de pérdida de servicios básicos. Añade que ante las presiones de la comunidad solicitó una atención extrajudicial de conflictos en la Municipalidad de Santiago de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 21.442. Sin embargo, el administrador de la comunidad no asistió a las tres reuniones convocadas. Además, señaló que el reglamento de copropiedad y la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria no permiten restricciones a la tenencia de mascotas dentro de las unidades, limitándose a las áreas comunes.

El actor acusa que la imposición de multas por la tenencia de dos perros en su residencia y la exigencia de deshacerse de uno de ellos, vulnera su derecho a la integridad psíquica, la protección y respeto a la vida privada, y su derecho de uso y goce de un bien arrendado.

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