Rechazo de licencias médicas puede fundarse en antecedentes clínicos disponibles sin requerir nuevos exámenes, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había acogido un recurso de protección interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por el rechazo de dos licencias médicas. El máximo tribunal concluyó que los organismos competentes actuaron dentro de sus atribuciones y que las resoluciones impugnadas se encontraban suficientemente fundamentadas en los antecedentes médicos disponibles, por lo que descartó la existencia de ilegalidad o arbitrariedad.

El recurrente padece una gonartrosis severa en su rodilla derecha, por la cual fue sometido a una endoprótesis total de rodilla. Tras la intervención persistieron el dolor y la inflamación, a lo que posteriormente se sumó un deterioro de su salud mental, siendo diagnosticado con un episodio depresivo mayor severo.

En ese contexto, se le extendieron dos licencias médicas que fueron rechazadas, decisión posteriormente confirmada por la SUSESO. El organismo sostuvo que los antecedentes clínicos disponibles no permitían establecer la existencia de una incapacidad laboral que justificara prolongar el reposo más allá de los períodos previamente autorizados.

El trabajador recurrió de protección ante la Corte de Valparaíso, que rechazó las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia formuladas por la recurrida. Respecto de esta última, el tribunal señaló que, si bien las licencias médicas corresponden al ámbito de la seguridad social, las actuaciones cuestionadas podían comprometer los derechos a la integridad física y psíquica y de propiedad, susceptibles de tutela mediante la acción de protección.

Al examinar el fondo, la Corte de Valparaíso tuvo presente que el Decreto Supremo N°3 de 1984 y el Decreto Supremo N°7 de 2013 contemplan diligencias destinadas a complementar la información clínica cuando ello sea necesario. Relacionó estas disposiciones con el deber de fundamentación de los actos administrativos establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

El tribunal de alzada estimó que las resoluciones cuestionadas se habían limitado a señalar, mediante fórmulas genéricas y estandarizadas, que los antecedentes disponibles no permitían establecer una incapacidad laboral más allá de los períodos de reposo previamente autorizados.

Sin embargo, advirtió que no se había dispuesto un peritaje clínico destinado a desvirtuar fundadamente la persistencia del dolor y la inflamación informados por el médico tratante ni la severidad del episodio depresivo mayor diagnosticado al trabajador.

Por ello, la Corte de Valparaíso concluyó que las resoluciones carecían de antecedentes suficientes para sustentar la decisión adoptada, configurándose una ilegalidad por incumplimiento del deber de fundamentación establecido en el artículo 41 de la Ley N°19.880. A juicio del tribunal, esta actuación vulneró el derecho a la integridad física y psíquica.