Término anticipado de contrata por no ser necesarios los servicios no es ilegal ni arbitrario, resuelve la Corte de San Miguel.

La Corte de San Miguel rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de San Bernardo que, a través de un Decreto Alcaldicio, dispuso el término anticipado de la contrata de un funcionario de la entidad edilicia.

El recurrente expone que ingresó a prestar servicios para el municipio como suplente, en febrero de 2021, realizando labores administrativas, y que en febrero de 2022 fue designado a contrata profesional por ser Administrador Público. Agrega que todas sus funciones eran de carácter técnico y de gestión, propias de un cargo de esa naturaleza; y no de confianza exclusiva de la autoridad política. Puntualiza que el Decreto Alcaldicio que dispuso el término anticipado de su contrata se fundó en la reestructuración de las unidades de atención de público en las dependencias del municipio; en que los servicios del actor habían dejado de ser necesarios para el resto de la anualidad del año 2022; y que, en su caso, no se configura la institución de la confianza legítima.

Alega que el acto impugnado carece de motivación e infringe lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N°19.880, por lo que estima vulnerados sus derechos de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, consagrados en el 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución.