Un problema de los migrantes es la vigencia de sus cédulas de identidad, pero estas mantienen vigencia si acreditan contar con certificado de residencia en trámite vigente.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Arica y rechazó en el recurso de protección interpuesto por un ciudadano de nacionalidad cubana en contra del Servicio Nacional de Migraciones. El que fundamentó en la tardanza de más de seis meses de dicho organismo en pronunciarse respecto a su requerimiento de permiso de residencia definitiva en el país.

El recurrente explica que en febrero del 2022 presentó ante el Servicio una solicitud de permanencia definitiva, sin embargo, han transcurrido más de seis meses, sin que dicho órgano le haya comunicado algún tipo de avance. Con esta omisión el Servicio Nacional de Migraciones transgredió lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 (sobre Bases de los Procedimientos Administrativos), el cual dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha que se emita la decisión final”.

Dicha conducta del Servicio no solo afecta los principios administrativos de celeridad y económica procedimental, sino que también a sus derechos fundamentales de vida e integridad física, igualdad ante la ley, acceso a la salud, libertad de trabajo y propiedad, pues producto de esta excesiva demora no puede ejercer tales derechos constitucionales en distintas instituciones/reparticiones públicas, dado que estas entidades ponen frenos a sus trámites o solicitudes por su situación migratoria incierta y por la vigencia de su cédula de identidad.