CIDH advierte que las residencias de adultos mayores deben garantizar su autonomía y prevenir internamientos contra su voluntad

En este sentido, el organismo enfatizó que alcanzar una edad avanzada, necesitar asistencia, presentar una discapacidad o experimentar una disminución de las capacidades cognitivas no constituyen, por sí mismas, razones suficientes para sustituir la voluntad de una persona o imponerle una determinada modalidad de residencia o cuidado.

De esta manera, la Comisión reafirmó que la necesidad de protección o asistencia no elimina el derecho de las personas mayores a participar en las decisiones que afectan directamente su vida cotidiana.

Prevención de internamientos forzosos y alternativas comunitarias

A partir de estos principios, la CIDH recordó que los Estados deben adoptar medidas para prevenir los internamientos forzosos y otras formas de institucionalización que resulten contrarias a la voluntad de las personas mayores.

El organismo planteó que las políticas públicas no deben concentrarse exclusivamente en la creación de residencias, sino que también deben ampliar las alternativas que permitan recibir atención sin abandonar el entorno habitual.

Entre estas opciones mencionó los servicios de cuidado domiciliario y comunitario, la asistencia personal, los centros diurnos, los cuidados temporales y los mecanismos de apoyo destinados a las familias y a quienes desempeñan labores de cuidado.

La Comisión sostuvo que los servicios de largo plazo deben prestarse en el entorno menos restrictivo posible, respetando el derecho a la vida independiente, la participación social y la inclusión en la comunidad.

Este enfoque supone que la institucionalización no debe considerarse una respuesta automática frente al envejecimiento o a la necesidad de asistencia, sino que deben evaluarse las alternativas que permitan preservar la autonomía de cada persona.

Denuncias, investigación y responsabilidad por vulneraciones de derechos

Otro de los aspectos destacados por la CIDH es la necesidad de contar con mecanismos accesibles y efectivos para denunciar situaciones que afecten los derechos de las personas mayores dentro de los establecimientos de cuidado.

El organismo señaló que estos procedimientos deben permitir comunicar hechos de violencia, negligencia, abandono, restricciones arbitrarias a la libertad de desplazamiento, aislamiento injustificado, condiciones insalubres y cualquier otra situación que pueda constituir una vulneración de derechos.

Además, recalcó que las denuncias deben ser debidamente investigadas por las autoridades competentes y que, cuando corresponda, deben establecerse las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hechos.

La respuesta estatal también debe contemplar medidas de reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, destinadas a evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Con ello, la Comisión subrayó que la fiscalización de los centros de cuidado no puede limitarse a verificar requisitos formales de funcionamiento, sino que debe considerar las condiciones reales en que viven las personas mayores y el respeto efectivo de sus derechos.

Finalmente, la CIDH llamó a los Estados de la región a fortalecer sus sistemas de cuidados de largo plazo desde un enfoque de derechos humanos y a promover alternativas que permitan a las personas mayores vivir y recibir los apoyos necesarios dentro de sus propias comunidades.