Justicia de EE.UU. frena cobro de 100 mil dólares en visas H-1B para profesionales extranjeros

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California suspendió la aplicación del cobro de 100.000 dólares fijado por el presidente Donald Trump a las nuevas visas H-1B dirigidas a personal altamente cualificado. Esta determinación constituye la segunda oportunidad en que una sede jurisdiccional federal frena la implementación de esta medida gubernamental.

La resolución fue dictada por un juez que acogió de manera parcial la solicitud de medida cautelar formulada por los requirentes. Con ello, prohibió que las dependencias gubernamentales ejecuten las Secciones 1, 2 y 3(a) de la proclamación presidencial prorrogada que obliga a los empleadores a cancelar dicho monto al requerir estas autorizaciones para personas fuera del territorio nacional.

El magistrado concluyó que la judicatura posee facultades para revisar esta política al perfilarse como un ejercicio no autorizado de potestades conferidas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Asimismo, advirtió probabilidad de éxito en el reclamo sobre vicios formales, por lo que ordenó paralizar el cobro hasta que el Departamento de Seguridad Nacional tramite el proceso de consulta pública conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo y evalúe su efecto en las pequeñas empresas según la Ley de Flexibilidad Regulatoria.

La acción fue promovida por organizaciones del ámbito de la salud, educación y congregaciones religiosas, junto con gremios sectoriales y entidades defensoras de migrantes. Estas entidades expusieron que el personal sujeto a este visado aporta a la productividad nacional, combate el déficit de funcionarios de salud frente al envejecimiento poblacional, suple vacantes docentes en idiomas extranjeros y presta labores pastorales.

En defensa de la directriz, los representantes del gobierno federall alegaron que el mecanismo de visas presenta vulnerabilidades frente a malas prácticas. Según su postura, estas distorsiones provocan el desplazamiento de trabajadores locales con capacitación equivalente, lo cual perjudica el desenvolvimiento de la economía y compromete la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump estableció el arancel mediante una proclamación dictada en septiembre de 2025 y recientemente la prorrogó por un año más. Previamente, en junio de 2026, un tribunal federal de Massachusetts suspendió su aplicación, criterio respaldado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, mientras que en agosto el Departamento de Seguridad Nacional formuló una normativa de cobro análoga.

Vea texto de la sentencia.