Justicia europea fija criterios para rechazar de órdenes de detención entre estados miembros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que la aparente falta de proporcionalidad entre un castigo penal y la gravedad del hecho no faculta, por sí sola, a rechazar la ejecución de una orden de detención europea. La controversia se originó cuando un tribunal de Países Bajos consultó si procedía entregar a un condenado por ingresar a Rumanía 3 gramos de cannabis y cuatro pastillas de éxtasis con destino medicinal para su cónyuge, hecho sancionado allí con 7 años de presidio efectivo, frente a las semanas de arresto aplicables en suelo neerlandés.

El fallo enfatizó que los principios de confianza y reconocimiento mutuo imponen dar curso prioritario a estas órdenes, reservando las negativas para escenarios excepcionales vinculados a garantías esenciales. Para denegar la cooperación, el tribunal requirente debe constatar en primer término la presencia de deficiencias sistémicas en la nación emisora, para luego corroborar si la persona requerida enfrenta un peligro real e individualizado de vulneración a sus derechos fundamentales.

La resolución precisó que la simple divergencia legislativa en las sanciones no constituye una falla del sistema judicial, dado que cada Estado conserva atribuciones de política criminal ante la ausencia de una armonización penal completa. Admitir un examen comparativo de severidad convertiría al juez encargado de la ejecución en un revisor de las sentencias foráneas, lo que desvirtuaría los mecanismos de cooperación internacional.

No obstante, el TJUE admitió que el rechazo es viable si el marco normativo de origen contiene transgresiones manifiestas a la proporcionalidad de las sanciones que carezcan de remedios procesales. Dicho escenario se configura cuando las leyes imponen privaciones de libertad tan extremas que alcancen el umbral de penas inhumanas o degradantes, o cuando impiden a la magistratura graduar el reproche considerando las particularidades del caso.

Al examinar el caso concreto, el tribunal concluyó que el castigo mínimo rumano no califica como trato degradante y que su ordenamiento sí contempla vías para ponderar circunstancias atenuantes, la cantidad de estupefacientes o la finalidad del ilícito. Añadió que la persona afectada dispuso de instancias de apelación y casación para cuestionar la sanción, por lo que no concurren defectos graves que autoricen desestimar el auxilio judicial solicitado.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.