Justicia europea prohíbe que normas nacionales impidan a consumidores reclamar por cláusulas abusivas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el ordenamiento comunitario se opone a una norma o práctica nacional que mantenga la vigencia de cobros derivados de cláusulas abusivas cuando el cliente no los impugna en un lapso de tres años, impidiendo asimismo que las empresas modifiquen unilateralmente tales disposiciones.

El litigio comenzó tras la firma de un contrato de suministro de calefacción urbana entre una distribuidora de energía y una persona jurídica asimilada legalmente a la categoría de consumidora. Dicho pacto incorporaba una fórmula de actualización tarifaria aplicada anualmente, la cual fue modificada unilateralmente por la compañía con posterioridad amparándose en la normativa legal interna.

Ante las revisiones de tarifas y el cambio unilateral, la parte afectada demandó ante los tribunales internos para exigir el reembolso de los dineros cancelados en exceso. En esa sede, un tribunal superior regional determinó que la estipulación de ajuste resultaba abusiva y carente de validez, pero advirtió que la jurisprudencia de su máxima corte obligaba a impugnar dentro de tres años desde cada liquidación anual.

Frente a esta controversia, los juzgadores nacionales remitieron una consulta prejudicial a la judicatura comunitaria para verificar si dicha doctrina jurisprudencial y la facultad conferida a las firmas energéticas para alterar cláusulas nulas eran compatibles con la directiva europea que protege a los consumidores de condiciones contractuales abusivas.

Al dirimir el caso, el TJUE subrayó que aplicar la regla temporal de 3 años convalida indebidamente los efectos perjudiciales de la estipulación nula en perjuicio del cliente. Asimismo, constataron que las disposiciones procesales locales no permiten al usuario rechazar ese cómputo ni solicitar la nulidad íntegra del pacto, vulnerando las directrices de protección vigentes.

Finalmente, concluyó que habilitar o compeler a una empresa de suministro a reescribir por cuenta propia una disposición declarada abusiva es contrario al Derecho de la Unión. Los jueces recalcaron que la magistratura nacional debe limitarse a dejar sin aplicación las cláusulas ilícitas, careciendo de facultades para alterar su redacción original.

Vea sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea.