Contribuciones en Chile: problemas estructurales y alternativas de reforma

El Impuesto Territorial, o también llamado contribuciones, ha sido objeto de intenso debate público en los últimos meses. No solo por la renuncia del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, tras revelarse su morosidad por nueve años en el pago del impuesto sobre un inmueble en Paine, sino también por un bullado caso que refleja los problemas estructurales del tributo. Se trata de la escritora y periodista Marina Latorre, de 100 años, quien heredó el inmueble en el que vive y cuyo único ingreso es la Pensión Garantizada Universal (PGU). A pesar de esto, se ve en la obligación de pagar contribuciones dado que el avalúo fiscal de su propiedad supera el límite que le permitiría acceder a una exención. Lo anterior la llevó a recurrir, solicitando el cese del cobro, primero al SII y luego al Tribunal Constitucional, siendo en ambas vías desestimada su petición. Este caso pone de relieve la tensión entre la exigencia tributaria y la protección de contribuyentes con baja liquidez y alto patrimonio “en papel”, más aún teniendo en consideración que el incumplimiento en el pago del impuesto puede derivar en el remate del inmueble.

Estos antecedentes ilustran el principal problema del impuesto: su desvinculación con la capacidad contributiva real del sujeto pasivo. El diseño actual, que se basa en el avalúo fiscal como parámetro de la base imponible, puede generar cargas desproporcionadas en relación con los ingresos del contribuyente, lo que a su vez produce una profunda sensación de injusticia y descontento social. Así, familias de clase media que residen en zonas de alta valorización ven aumentar su carga tributaria sin que exista un correlato en su flujo de ingresos. A su vez, el sistema ignora otras formas de adquirir la propiedad que no implican una determinada capacidad adquisitiva, como ocurre en casos de herencia, compensaciones económicas por divorcio o indemnizaciones. En estas situaciones, se genera un alto patrimonio, pero sin la liquidez necesaria para cubrir la obligación tributaria en efectivo.

Ante este escenario, algunos actores políticos y doctrinarios han propuesto la eliminación del impuesto, al menos para la primera vivienda, argumentando que constituye un “arriendo perpetuo”. Otros, en cambio, abogan por reformular el sistema de exenciones, reconociendo su importancia para la financiación municipal a través del Fondo Común Municipal (FCM). Según datos de la Tesorería General de la República[1], en 2024 el FCM recaudó US$2.648 millones, de los cuales un 60,6% provino del Impuesto Territorial. Con esto en cuenta, suprimir el tributo significaría una pérdida aproximada de US$1.606 millones anuales, cerca de un 2,8% de los ingresos tributarios totales del país, que ascienden a US$57.798 millones según el SII[2].