Licencias Médicas: Entre la confusión, la indignación y la urgente necesidad de acción

Hace unos días Contraloría publicó el “Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9” en virtud del cual informa que se detectaron más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus licencias médicas entre 2023 y 2024. ¿Es este el punto de inflexión para abordar la crisis de las licencias médicas en Chile?

Rápidamente se generó indignación entre la opinión pública, autoridades y organismos ligados a la salud, anunciándose sumarios administrativos a los funcionarios que incurrieron en tales prácticas, así como a los involucrados de la SUSESO, COMPIN y FONASA “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia” e incluso, algunos órganos autónomos, como las Municipalidades, anunciaron la desvinculación directa del personal involucrado. Esta revelación no solo generó indignación por la aparente falta de probidad de algunos funcionarios, sino que también puso de manifiesto una preocupante realidad: estas licencias se financian con recursos de todos los chilenos.

Ahora bien, más allá de la grave situación verificada en el Estado y las eventuales consecuencias jurídicas que pueden derivar de ello, la pregunta que surge es si el sistema jurídico, ya sea público o privado, está preparado para hacerle frente disciplinariamente a estos casos. No es novedad la enorme crisis existente en relación a la emisión y uso de licencias médicas, no sólo en el Estado, en su condición de contratante, sino al mundo privado, en calidad de empleador.