Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (Boletín 16821-19): Cuando se nos olvida el Derecho Procesal.

Siguiendo una tendencia mundial, sin duda liderada por la normativa comunitaria europea, en mayo pasado se presentó a través de Mensaje Presidencial un proyecto de ley cuyo propósito es regular a la Inteligencia Artificial (Boletín 16821-19). Como reconoce oficialmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación [1], la propuesta normativa fue construida con un claro enfoque basado en riesgos y su probabilidad de ocurrencia, distribuyendo los deberes y cargas regulatorias de los operadores en función de la categoría a la cual se hubiera asignado una determinada plataforma de inteligencia artificial.

De acuerdo con el artículo 5° propuesto, el mayor o menor riesgo de una plataforma dependerá de su (in)compatibilidad “con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas”, cuestión que da concreción al mandato presidencial de que la inteligencia artificial deba estar siempre “al servicio de la persona humana”.

Los sistemas diseñados para manipular subliminalmente, causar daño físico o psíquico, o clasificar biométrica o socialmente usando datos sensibles que puedan vulnerar la privacidad o generar discriminación (es decir, cuyo diseño causa incuestionablemente un daño o afectación a derechos fundamentales) son calificados como «sistemas de riesgo inaceptable» y están absolutamente prohibidos para operar en Chile (artículo 6°).