Sobre la interpretación que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago realiza de la Convención sobre la Apostilla de La Haya.

El Convenio de fecha 5 de octubre de 1961 adoptado en La Haya, Países Bajos, por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, también conocido como Convenio sobre la Apostilla o la Convención de La Haya es un tratado internacional que facilita el uso y reconocimiento de documentos públicos en el extranjero. El propósito del Convenio es suprimir la tradicional exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros y sustituir dicho proceso, por la emisión de un único certificado conocido como la Apostilla por parte de una autoridad competente en el lugar en el cual se otorgó el documento. De tal forma, se acredita la autenticidad y validez del instrumento público en el extranjero, mediante un único trámite, agilizando y haciendo más eficiente y económico el procedimiento.

El artículo primero del Convenio indica los documentos que se considerarán como documentos públicos y a los cuales les será de aplicación la Apostilla, estipulando que se considerarán como documentos públicos en el sentido de la presente Convención (…) los documentos notariales[1].

Por su parte, el artículo segundo del Convenio estipula que “cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio”[2].