Reglamento de participación y consulta indígena, más que polémica, pasos francos hacia una Constitución Plurinacional, democrática e intercultural.

El pasado viernes 30 de septiembre de 2021 la Asamblea Plenaria de la Convención Constitucional aprobó, en un primer texto, la “Propuesta de indicación sustitutiva de las y los convencionales de escaños reservados de pueblos indígenas y los demás convencionales firmantes, para reemplazar el Reglamento de Participación y Consulta Indígena…”. En pocas palabras, se votó el Reglamento de Participación y Consulta Indígena que regirá a la Convención Constitucional.

Al efecto, merecen comentario varios aspectos. Primero, la Comisión de Participación y Consulta Indígena trabajó varios meses para presentar a discusión un texto innovador que integra instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y, conforme los mismos, tanto establece altos estándares para el proceso participativo y de consulta indígena por enfrentar, como formula los principios generales para el diseño en concreto de la participación indígena y la consulta en la discusión constituyente. Esa propuesta recibió diversas indicaciones, pero la que marcó la agenda fue la firmada por los 17 Convencionales Indígenas electos bajo escaños reservados.

Esta indicación sorprendió por proponer un “nuevo texto”, íntegro y no ajustes al de la Comisión. No obstante, en lo medular recoge el espíritu e incluso el propio texto base de la Comisión (pero reformula el texto y no hace “parches” al sometido). En este marco, me atrevo a postular que, en cuanto al fondo, el impacto y los altos estándares en materia de derechos humanos, son comunes entre la propuesta de la Comisión y la indicación única de los convencionales indígenas. Pero, claro, el texto de los´17 convencionales indígenas presenta un esfuerzo importante de sistematización, mejorando, sin duda, el texto sometido. Luego, el candente debate suscitado que llevó a una suspensión de la sesión, hábilmente manejado por la mesa, fue más bien simbólico, porque tenía que ver con el “derecho soberano” de los convencionales indígenas de formular su propia propuesta y no con una disputa sustantiva por el contenido del Rreglamento.