Legitimidad en el uso de la fuerza
Reglas de uso de la fuerza precisiones dogmáticas y estándares internacionales.
Es una completa anomalía el que se aplique la legitima defensa en casos de actuar policial o militar, considerando que tal causal de justificación opera como una delegación de las facultades de policía en el particular (sin ser una autotutela pues no reemplaza el juicio, debiendo ser homologado por el tribunal) en aquellos casos en los que, siendo víctima de una agresión ilegítima, no está la policía para resguardarlo, de modo que si, por ejemplo, ocurre una agresión ilegítima contra un civil y hay un policía presente, se excluye la legítima defensa.
Actualmente se tramita en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) tanto para las Fuerzas de Orden y Seguridad como para las Fuerzas Armadas (FFAA), seguido bajo el Boletín N°15.805-07, encontrándose en segundo trámite constitucional ante el Senado, habiendo recién vencido el plazo para formularle indicaciones el día 01 de agosto del presente.
Corresponde comenzar celebrando la presentación del presente proyecto de ley, pues tal materia actualmente se encuentra regulado en una simple Circular, debiendo ser una regulación legal, tanto por otorgar una mayor certeza jurídica para las mismas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las FFAA, como por regular una materia que en virtud del artículo 19 N°26 y 63 N°20 de la Constitución se encuentra reservada al ámbito legislativo, por cuanto incide en los derechos fundamentales y garantías constitucionales, y al ser una materia esencial sobre las que descansa la institucionalidad. En este sentido, es positivo el cambio que se está efectuando.
Asimismo, el proyecto de ley en cuestión contempla una serie de disposiciones que en particular también resultan positivas. Así por ejemplo, en su primer título se contemplan las disposiciones generales del proyecto, incluyendo su objeto como las definiciones de tipo de armamento, objetivo legítimo y uso de la fuerza, así como los principios que la regulan (incluyendo los principios de legalidad, necesidad, racionalidad, responsabilidad y rendición de cuentas), la formación y capacitaciones adecuadas de sus miembros, los deberes (incluyendo los deberes de precaución, identificación, advertencia, gradualidad, deberes de garante, de auxiliar, de reporte y de protección a niños, niñas y adolescentes), y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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