Luis Acevedo Espínola

El proyecto que permite continuar el juicio oral ante la incomparecencia injustificada del acusado contempla su aplicación cuando la pena solicitada no supere los 20 años de privación de libertad y exista defensa técnica. El autor advierte que esta regulación podría vulnerar el debido proceso y el derecho del imputado a estar presente en el juicio, reconocido en tratados internacionales vigentes, y plantea reducir significativamente el límite de pena para superar el eventual vicio de constitucionalidad.

La aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, por parte del Senado —con votaciones favorables en los tres capítulos acusatorios— marca un precedente relevante en materia de responsabilidad político-constitucional de los jueces. El debate no solo abordó la validez de los votos de abstención y la aplicación del principio non bis in idem, sino también cuestiones sobre la licitud de la prueba periodística, la reserva de las fuentes y los límites del deber de abstención judicial. El fallo reafirma que los deberes de re

Hoy en día la jurisprudencia descansa en que ambas instituciones (prescripción y media prescripción) se basan en el transcurso del tiempo, sin perjuicio que en un caso su consecuencia fuere la extinción y en el otro la atenuación, de modo que comparten una misma naturaleza jurídica, no procediendo en casos de crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, sin perjuicio que esta tendencia ya es jurisprudencia consolidada de la Excma. Corte Suprema, conviene de todos modos adecuar la legislación vigente.

Es una completa anomalía el que se aplique la legitima defensa en casos de actuar policial o militar, considerando que tal causal de justificación opera como una delegación de las facultades de policía en el particular (sin ser una autotutela pues no reemplaza el juicio, debiendo ser homologado por el tribunal) en aquellos casos en los que, siendo víctima de una agresión ilegítima, no está la policía para resguardarlo, de modo que si, por ejemplo, ocurre una agresión ilegítima contra un civil y hay un policía presente, se excluye la legítima defensa.

En esta columna abordaré el contenido del texto aprobado en la fase de plenos del Consejo Constitucional relativo a los derechos y garantías constitucionales, y particularmente de aquellos civiles y políticos, contenido en el Capítulo II, sin perjuicio de centrarme solo en los puntos más complejos o problemáticos, sin analizar la totalidad de tales derechos. En las dos columnas previas se comentó sobre el Estado Social y Democrático de Derecho así como Terrorismo y Democracia, en ambos casos centrado en el Capítulo I sobre Fundamentos del Orden Constitucional.

El problema es que en el Pleno del Consejo se han adoptado criterios ya abandonados, como es tal “democracia protegida” y, además, con las herramientas suficientes que dejan la puerta abierta para un abuso político de tales mecanismos, sea en contra de opositores políticos, sea en contra de dirigentes sociales o estudiantiles, o incluso de la misma ciudadanía civil que ejerza su derecho a manifestarse, teniendo un severo riesgo de asumir un autoritarismo e incluso persecución política, a pretexto de perseguir supuestos casos de “terrorismo” o “contrarios a la democracia”.

Se restringió el bloque al excluir los derechos implícitos y, con ello, se pone en riesgo el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pues no se harán vinculante aquellos derechos implícitos a pretexto de una norma interna, infringiendo con ello dos normas de la misma Convención de Viena, como son el cumplimiento de buena fe como, además, la prohibición de incumplir obligaciones internacionales a pretexto de norma interna.

Para encuadrar la acción militar en este artículo es necesario, primero, acreditar una agresión ilegítima por parte de otro Estado u organización en forma actual o inminente, que pudiere afectar ya sea la integridad territorial o independencia política del Estado que se defiende, y segundo, que la reacción defensiva sea solo para repeler la agresión ilegitima, sea proporcional y que no exista otro medio menos perjudicial para repelerlo.

Centrándose en las críticas que se formulan al sistema unicameral, se pueden resumir en cuatro: primero, que sólo reconoce una representación demográfica omitiendo la representación territorial; segundo, que la tradición chilena ha sido bajo sistema Bicameral desde la Carta de 1833; tercero, que no implica eficacia legislativa pues si bien podría acelerar la tramitación de los proyectos de ley, no necesariamente será con la misma calidad legislativa; y cuarto, que concentra el poder en una cámara.

En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El Congreso, al conocer y resolver sobre una acusación constitucional, ejerce una facultad jurisdiccional que debe cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, pero la naturaleza del control que ejerce es tanto político como jurídico, entendiéndose como otro órgano más a cargo de la interpretación constitucional.

Lo primero a señalar es que con ella la Convención Constitucional no se extralimita en sus funciones. Bien señala "no pretender interferir ni arrogarse competencias o atribuciones de otros órganos", pues los proyectos de ley señalados les corresponde a los órganos colegisladores al igual que el indulto a los presos políticos del Wallmapu, mientras que las querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado es una decisión del Ejecutivo, y mal podría una declaración exceder esos límites, pues no está atribuyéndose ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo.

La segunda situación, más conocida como fiesta clandestina, pareciera calzar con la exigencia del 318, y así incluso lo señaló la Corte en ese caso, pues hizo referencia a si el sujeto hubiere ido camino a algún evento de esa naturaleza, aunque ahí, sin llegar aún al evento, no cuadraría con el 318 consumado. No obstante, si el sujeto está en el evento sin respetar cuarentena, toque de queda, aforos máximos y aun medidas mínimas como usar mascarillas, claramente se cumpliría el supuesto factico del 318, correspondiendo en ese caso la pena en cuestión.

La naturaleza de la Convención Constitucional es ejercer el poder constituyente originario pues su función es redactar una nueva Constitución, no así reformar la vigente. En consecuencia, la Convención Constitucional no se regula por la actual Constitución, no siendo ella su parámetro normativo.

Al menos aquellos delitos en los que el Ministerio del Interior presentó querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, claramente sería prisión por delito político, siguiendo la teoría objetiva sobre la subjetiva o la mixta que explican este tipo de delitos.

Si bien todo caso con imputado desconocido tiene una especial dificultad investigativa, que comúnmente lleva al archivo provisional, en el caso de violaciones a los derechos humanos es posible realizar diligencias para identificar a los responsables, como es pedir la información a las instituciones de quienes estuvieron en el lugar y las municiones que tenían antes y después de la manifestación.

La pena de muerte es irreversible, no hay forma de remediar el error judicial, estando en un sistema que no es perfecto, existe el error judicial, como bien da cuenta, por ejemplo en nuestro medio, el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública.

En este caso, los disparos del Carabinero lo habrían colocado en un deber de garante respecto de la vida del malabarista, y como huyó sin prestar auxilio, se provocó el resultado. Se cumple entonces el requisito de la comisión por omisión.