Derechos Humanos.
Ministro Mario Carroza rechaza cambiar forma de cumplimiento de condena de 24 exagentes de Estado ante la emergencia sanitaria que vive el país.
En la resolución, el ministro Carroza desestimó las peticiones de los condenados de cambiar el lugar de reclusión a sus domiciliarios o a residencias sanitarias especialmente habilitadas, debido a las condiciones sanitarias de los recintos donde cumplen condena.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, rechazó las solicitudes de las defensas de 24 exagentes de Estado condenados en diversas causas, en orden a modificar el régimen de cumplimiento de las condenas ante la emergencia sanitaria que vive el país.
En la resolución, el ministro Carroza desestimó las peticiones de los condenados Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Crisóstomo Ferrada Carrasco, José Fuentes Pastene, José Fuentes Torres, Luis Soto Pinto, Luis Sanhueza Ros, Pedro Bitterlich Jaramillo, Orlando Torrejón Gatica, Pedro Alfaro Fernández, Hermon Alfaro Mundaca, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Héctor Flores Vergara, Enrique Gutiérrez Jorquera, José Mora Diocares, Julio Hoyos Zegarra, Sergio Díaz López, Ricardo Yáñez Mora, Marcelo Escobar Fuentes, Hugo Salas Wenzel, Roberto Schmied Zanzi, Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana y Raúl Iturriaga Neumann, de cambiar el lugar de reclusión a sus domiciliarios o a residencias sanitarias especialmente habilitadas, debido a las condiciones sanitarias de los recintos donde cumplen condena.
El ministro en visita rechazó las solicitudes, teniendo a la vista los informes solicitados de los alcaides de los Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco y el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de San Joaquín; además de los informes evacuados por la vista autorizada de una comisión médica que examinó a los condenados recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, unidad penal que prestó contagios de covid-19.
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