Adolfo Paúl

En una placa conmemorativa de la cripta, inaugurada en el año 1931, se leía: “Aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno”.

Lamentablemente las autoridades de gobierno no han reconocido que en la referida zona se está librando una guerra en la forma de una guerra de guerrillas por organizaciones radicalizadas que reivindican la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos planteados explícitamente de control territorial, político y militar de la zona.

Mantener vigente en la actualidad el antiguo sistema de procedimiento penal niega el objetivo de la reforma y, además de vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el derecho humano a un debido proceso, vulnera el principio de favorabilidad (la aplicación de la ley más favorable al acusado) y la interpretación jurídica pro homine (que debe buscar el mayor beneficio para el ser humano).

El Presidente de la República citó a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional., para recibir opiniones acerca de la implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica. Al término de la sesión señaló que “todo esfuerzo será fútil si no se acompaña con una estrategia robusta".

Para incrementar significativamente las pensiones la tasa de cotización debería ser del orden del 20% —como lo era antes de la creación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (DL 3500 de 1980)— las que deberían ir a las cuentas de capitalización individual. La solidaridad debe ser financiada con los ingresos generales de la nación.

Para cumplir con tan esencial obligación y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional, los gobernantes deben hacer uso de la violencia física legítima del Estado contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas; única forma de reprimirlos o de disuadirlos. Respecto de esto último, debe considerarse que la disuasión es esencialmente ofensiva, no defensiva (como lo era la “línea Maginot” en Francia).

La subsidiariedad y la solidaridad, lejos de ser conceptos antagónicos, son totalmente compatibles entre sí. Tal dicotomía no existe: un Estado puede perfectamente ser solidario y subsidiario a la vez. El bien común exige respetar el principio de subsidiariedad.

La CAM ha declarado explícitamente sus intenciones de imponer por la fuerza —mediante acciones terroristas y una guerra de guerrillas— sus objetivos de control territorial, político y militar de dicha zona, lo que vulnera abiertamente lo establecido en el artículo 19 nº 15º, inciso 6 de nuestra Carta Fundamental.

La violencia ilegítima —sea esta revolucionaria, guerrillera o terrorista— no puede ser controlada, anulada o aniquilada con buenas palabras: ello solo puede ser logrado utilizando la violencia física legítima del Estado, de la cual este tiene el monopolio.

La norma del artículo 103 del mismo Código establece un beneficio temporal objetivo denominado impropiamente “media prescripción”, ya que su naturaleza es absolutamente diferente al de la prescripción, pues trabaja sobre el elemento temporal no para extinguir la responsabilidad penal como en la prescripción, sino que para reducir la pena imponible.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Nos parece de interés copiar algunos extractos de lo dicho sobre el tema por el doctor en historia económica y exparlamentario sueco, Mauricio Rojas Mullor.

Las denominadas, peyorativamente, “cocinas” legislativas son reuniones extraparlamentarias en las que representantes de los partidos llegan a acuerdos transaccionales en los que se hacen concesiones recíprocas, sin aferrarse inclaudicablemente a sus posiciones ideológicas o a “planificaciones globales” inmodificables, intransables y excluyentes.

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de marzo de 1925, por iniciativa del Partido Comunista y de la Federación Obrera de Chile, cerca de dos mil delegados nacionales —electos por sus bases sociales— se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago en una convención denominada “Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de Chile” con el propósito de discutir un proyecto de Constitución Política.

No sería de extrañar que algunos convencionales constituyentes propongan redactar la nueva Constitución con un lenguaje inclusivo de género.

Lamentablemente son numerosos los sectores políticos que se oponen a este sistema —que ellos denominan peyorativamente “modelo neoliberal”— pero que no dan a conocer, explícitamente, por cual lo reemplazarían.

Si a los militares a cargo de custodiar los locales de votación se les diere la consigna de asegurar la integridad de las urnas electorales, en tal caso no podrían cumplirla dadas las reglas de uso de la fuerza vigentes, que restringen extremada e imprudentemente el uso de armas de fuego.

Los militares no deben ser reducidos a la calidad de funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que se ponga en sus manos.

Garrote omitió decir que recientemente la Cámara de Diputados rechazó que los independientes pudieran pactar con otra lista de independientes o partidos políticos, lo que los deja en una situación desmedrada por la aplicación del método D’Hondt.

Un gobierno de coalición significa el debilitamiento de la responsabilidad y, a menudo, permite que los pequeños partidos ejerzan una influencia desproporcionadamente grande en las decisiones del gobierno.