Adolfo Paúl Latorre

La Ley de Reconstrucción estableció una exención del impuesto territorial para personas naturales de 65 años o más respecto de su residencia principal. La discusión surge cuando el adulto mayor no conserva la nuda propiedad del inmueble, pero sí su usufructo y, con ello, las facultades de uso y goce.

La opinión plantea que la reforma constitucional destinada a reforzar la seguridad pública debería ampliar la presunción de legítima defensa de policías y Fuerzas Armadas, permitiendo expresamente el uso de armas letales no solo frente a agresiones graves contra la vida o integridad física, sino también para impedir actos terroristas, ataques contra infraestructura crítica y determinados delitos de especial gravedad. A juicio del autor, sin una protección jurídica clara para quienes actúen legítimamente en esas circunstancias, la reforma perdería buena parte de su eficacia.

La opinión cuestiona la vigencia del artículo 483 del Código Procesal Penal, sosteniendo que la coexistencia de dos sistemas procesales penales en Chile vulnera la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso, pese a que la reforma procesal penal se encuentra próxima a cumplir 21 años de aplicación en todo el país.

La publicación sostiene que existirían “anomalías” y “aberraciones jurídicas” en procesos seguidos contra militares por violaciones a los derechos humanos, cuestionando particularmente condenas dictadas décadas después de los hechos y denunciando una supuesta persecución política en sede judicial.

El eventual retorno del monumento al general Baquedano reabre una pregunta histórica y simbólica: si junto con la estatua también se restituirá la cripta del Soldado Desconocido, un homenaje levantado por aporte ciudadano que recuerda el sacrificio de los combatientes de la Guerra del Pacífico.

La decisión de la Corte Suprema de excluir la aplicación del artículo 103 del Código Penal en causas de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es presentada como una grave vulneración al principio de juridicidad, al desconocer una norma legal vigente, imperativa y de aplicación general, con consecuencias profundas para la soberanía, el orden jurídico interno y el Estado de derecho.

En una histórica audiencia pública, la Corte Suprema puso bajo la lupa la controvertida “media prescripción”, tras el llamado de atención de la CIDH por posibles violaciones a los derechos humanos en la reducción de penas por crímenes graves..

A 212 años de su fundación, el Instituto Nacional atraviesa una profunda crisis de identidad y prestigio. Un exalumno reflexiona con nostalgia y dolor sobre el legado perdido de una institución que fue símbolo de excelencia académica, mérito y movilidad social en Chile.

Las imágenes ecográficas muestran con claridad el desarrollo del feto desde etapas tempranas, lo que plantea reflexiones profundas sobre el valor y la protección de la vida humana antes del nacimiento.

La construcción de la identidad nacional chilena es fruto del aporte conjunto de pueblos originarios, colonizadores e inmigrantes, y debe ser reconocida como base fundamental para cualquier proyecto de paz y entendimiento.

La legitimidad del Estado se sostiene en su capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza para preservar el orden y garantizar los derechos de la mayoría. La propuesta de nuevas reglas para el uso de la fuerza, lejos de fortalecer esta misión, podría dejar a las Fuerzas Armadas y de Orden en la impotencia legal frente a amenazas reales.

Se ha tornado habitual la práctica de solicitar “certificados de lucidez” a personas mayores de 75 años —e, incluso, a mayores de 65— para realizar ciertos trámites; certificados que deben ser emitidos por un geriatra, neurólogo o psiquiatra.

Esta ley, prácticamente, le impediría a los carabineros y militares el uso de armas letales para cumplir las funciones que les son propias, con lo que el Estado estaría renunciando al ejercicio de la violencia física para cumplir su obligación esencial, que es la conservación del orden público.

Solo autorizarían el uso de armas letales cuando “repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”. Tal restricción deja a los militares sin eficacia para proteger la infraestructura crítica u otras tareas de mantención del orden público.

Proporcionalidad no significa igualdad: que si un delincuente agrede con piedras o con bombas molotov a un carabinero este debe responderle con los mismos elementos. Hay quienes adhieren a esta concepción absurda.

En una placa conmemorativa de la cripta, inaugurada en el año 1931, se leía: “Aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno”.

Dicha estatua fue construida por erogación popular. Más de 150.000 personas aportaron dinero para ello, cuando la ciudad de Santiago tenía 300.000 habitantes.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, encargado de tal función, era el más importante del gabinete y pasaba a ser tratado como vicepresidente cuando el Presidente de la República se ausentaba del país.

¿Son manifestaciones de amistad de Argentina la instalación de paneles solares en territorio chileno en el Hito 1 ubicado en el cabo del Espíritu Santo, en el término oriental del Estrecho de Magallanes (punto de la frontera chileno-argentina ubicado en Tierra del Fuego)...?

El activismo judicial de los jueces que presumen estar por sobre la ley, que no fallan de acuerdo con la legislación vigente y que no realizan las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas lesiona el Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica y contribuye significativamente al proceso de deterioro institucional.