Adolfo Paúl Latorre

Las Fuerzas Armadas existen porque no es posible eliminar del horizonte de las relaciones internacionales la posibilidad de una guerra. La formación de sus miembros, entrenamiento y equipamiento tienen como objetivo el que ellas estén preparadas para la guerra.

Eso es lo que ocurre en numerosos territorios rurales y urbanos de Chile, en los que sus funcionarios no pueden ingresar, la población está atemorizada, el Estado está ausente y, en ciertos casos, son los narcotraficantes quienes brindan servicios que el Estado no otorga.

La patria es el sentimiento de un lazo común en el presente y en el pasado, es la comunidad moral e histórica de la que nos reconocemos parte. La patria es lo que se ama. Ella es como el ser amado que, para serlo, necesita que alguien lo ame.

Se entiende que ese 10% es sobre el consumo; no sobre el consumo más el IVA, pues en tal caso se estaría pagando un 11,9 %.

En las condiciones actuales los militares actuando en funciones de control del orden público son meros espantajos y objeto de escarnio; como lo vimos durante la asonada revolucionaria del año 2019 en la que un honorable diputado de la República se burlaba de ellos.

Argentina, en sus relaciones con Chile, ha actuado tradicionalmente con mala fe, hostilidad, agresividad, prepotencia e ingratitud; demostrando absoluta falta de lealtad y de escrúpulos cuando el interés nacional está por medio, pretendiendo hacer imperar la ley del más fuerte. Utiliza, combinada y alternativamente, la agresividad y la presión con las argucias y halagos.

"La gente olvida que el general Baquedano no solo fue el gran vencedor en la Guerra del Pacífico, además fue Presidente Provisional de Chile al término de la revolución de 1891".

No hemos perdonado a quienes les tocó vivir el enfrentamiento fratricida al que nos llevaron políticos irresponsables que optaron por la vía violenta como método para conquistar el poder total, refundar a Chile y consolidar la revolución socialista.

Lamentablemente las autoridades de gobierno no han reconocido que en la referida zona se está librando una guerra en la forma de una guerra de guerrillas por organizaciones radicalizadas que reivindican la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos planteados explícitamente de control territorial, político y militar de la zona.

Mantener vigente en la actualidad el antiguo sistema de procedimiento penal niega el objetivo de la reforma y, además de vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el derecho humano a un debido proceso, vulnera el principio de favorabilidad (la aplicación de la ley más favorable al acusado) y la interpretación jurídica pro homine (que debe buscar el mayor beneficio para el ser humano).

La aplicación del antiguo sistema que no respeta tal derecho humano, conjuntamente con el nuevo que sí lo respeta, se debe a la torcida aplicación de la disposición constitucional octava transitoria, que fue establecida para salvar tal discriminación durante el tiempo que tomó la implementación gradual de la reforma procesal penal.

Tal despliegue solo serviría para el desprestigio y el escarnio de los miembros de las Fuerzas Armadas, pues la ciudadanía percibiría que ellos son incompetentes para resguardar el orden y para proteger eficazmente la infraestructura crítica; en circunstancias de que tal resguardo es la obligación esencial de los gobernantes, para lo cual deben dotar a los militares y policías no solo del debido equipamiento, sino que de las atribuciones legales.

El Presidente de la República citó a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional., para recibir opiniones acerca de la implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica. Al término de la sesión señaló que “todo esfuerzo será fútil si no se acompaña con una estrategia robusta".

Para incrementar significativamente las pensiones la tasa de cotización debería ser del orden del 20% —como lo era antes de la creación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (DL 3500 de 1980)— las que deberían ir a las cuentas de capitalización individual. La solidaridad debe ser financiada con los ingresos generales de la nación.

Por lo que sí podrían ser formalizados es por violar los derechos humanos del personal bajo su mando, al prohibirles el uso de sus armas de fuego, razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados; 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.

No es efectivo lo dicho por la ministro Vivanco en el sentido de que los delitos de lesa humanidad son “imposibles de amnistiar”. No existe ni en Chile ni en tratado internacional alguno —ni siquiera en aquellos que se refieren específicamente a tal clase de delitos— una norma que prohíba dictar o aplicar leyes de amnistía; es decir, que prohíban el perdón entre hermanos.

Después del 17 de diciembre, si ganare el En Contra, el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de extrema izquierda ¿respetarán la Constitución Política de 1980 o tratarán de iniciar un nuevo proceso dentro de un par de años más? Y si ganare el A Favor ¿respetarán el resultado del plebiscito —especialmente si la diferencia entre ambas opciones es muy estrecha— y la “Constitución de Boric” o realizarán movilizaciones “pacíficas” para desconocer la nueva Carta Fundamental e iniciar un tercer proceso?; proceso en el que probablemente —por no decir seguramente— no se respetarían las base

El artículo 114 de la propuesta de nueva Constitución Política minimiza a las FF.AA. y deja a sus miembros como meros funcionarios públicos, desvinculados del concepto de patria, su sustento espiritual.

La patria es un valor supremo, que trasciende al hombre y que es, evidentemente, algo más elevado que la política contingente o que la política partidista. La patria constituye un valor suprapolítico, que está por encima de banderías, grupos, clases o estamentos.

Sería deseable que destacados constitucionalistas elaborasen —con la mayor objetividad posible— una lista de los pros y de los contras (o cuadros comparativos de las ventajas y desventajas, o de los efectos, o de la conveniencia o inconveniencia) de las diversas disposiciones de los dos textos constitucionales en pugna.