Cristian Román

Columnista analiza el preámbulo de la primera ley de Chile (1811), en la que dicha Junta parafrasea la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abriendo una discusión que persiste hasta el día de hoy, a propósito del Derecho a la Búsqueda de la Felicidad, patente incluso en la actual “cuestión constitucional”.

El Estatuto Administrativo establece una serie de deberes de los funcionarios públicos cuya contravención puede ser sancionada disciplinariamente. Y, entre ellos, destaca muy especialmente el deber de “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (artículo 61, letra i) por al menos dos razones: (i).- por la inespecificidad de dicha conducta (sin perjuicio de que la jurisprudencia administrativa, casuísticamente, la ha ido precisando), y (ii).- por el hecho de que no sólo comprende actuaciones en el servicio sino también fuera de él, vale decir, en la esfera de la vida privada del

En el Discurso sobre la Crisis Moral de la República, Mac-Iver describe el estancamiento de Chile a comienzos del Siglo XX, y analiza sus causas. En su concepto, la moralidad pública, “hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo”, es la que da eficacia y vigor a la función del Estado, y cuya falta produce, a la larga, “daño del bienestar común, del orden público y del adelanto nacional”, y que no es sancionada por jueces ordinarios (como la “comisión de raterías”), sino con “la decadencia nacional” y por “la historia”.

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado sólo importa que éste, de la misma manera que cualquier agente del tráfico jurídico, puede ver comprometida su responsabilidad patrimonial por el daño que su actuar ocasione a una o más personas; en otras palabras, de ser aprobada la nueva Constitución, conforme a éste, el Estado a priori no tendría reconocidas (ni el Legislador podría reconocerle) márgenes o parcelas de irresponsabilidad.

El Borrador se refiere a las sanciones administrativas, por lo que, en caso de ser aprobada la nueva Constitución, ésta expresamente las reconocería (y validaría), lo que la Constitución vigente no hace (aun cuando sí lo ha hecho la jurisprudencia.

La Administración debe necesariamente conformarse a los límites que representan la Constitución y las leyes, lo cual se conoce como principio de legalidad/juridicidad. Si lo contraviene, ya sea por acción u omisión, las personas afectadas pueden reclamar ante un tribunal a fin de que éste declare la ilegalidad, la nulidad, el deber de actuación, una situación jurídica, el derecho a ser indemnizado, etcétera. Todo ello es precisamente lo que comprende la Justicia Administrativa.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen Nº 24.731-2019 reconsideró su jurisprudencia administrativa histórica sobre esta materia, y estableció que ahora cabía aplicar supletoriamente, como Derecho Común, ya no el Código Penal (6 meses), sino que el Código Civil (5 años). Y así alineó su jurisprudencia administrativa con la reciente jurisprudencia judicial de la Corte Suprema.

Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

La parte conflictiva del dictamen explicitó un cambio de criterio de la Contraloría General de la República en relación a la referida expresión “acciones civiles”, pasando desde una interpretación restringida, cual era su jurisprudencia administrativa histórica –vigente por 43 años-, a una amplia, la más amplia que es posible, y que, por ejemplo, a diferencia de la anterior, comprende incluso un recurso de protección.

Los “tecnoptimistas” han planteado derechamente el fin de la Justicia tal como hasta el día de hoy la conocemos, pues han anunciado el reemplazo del juez-humano por el juez-robot. Al efecto destacan ciertas ventajas que tendría este último: juzgaría con mayor rapidez y maximizaría la igualdad ante la ley. Respecto de lo primero, recuerdan que el tiempo es oro y que en tribunales, justicia; y respecto de lo segundo, los distintos estudios que afirman que las decisiones de los jueces-humanos varían según éstos tienen hambre o no; en tanto que, destacan, el algoritmo no tiene hambre.

Históricamente las constituciones, como reacción al “Antiguo Régimen”, pretendieron prioritariamente contener al (nuevo) Poder dentro de límites precisos y acotados. Para ello emplearon diversas técnicas tales como la división de poderes y los derechos de las personas. No en vano la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en su artículo 16, planteó tajantemente que “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.

En Chile esta singularísima forma de actuación de la Administración, lamentablemente, no está expresamente reconocida ni regulada por la Legislación (ni aun la Ley Nº 21.180, sobre Tranformación Digital del Estado, cuya vigencia está diferida, la aborda), no obstante ser ello muy necesario atendido el hecho que a través de ella se puede encauzar nada más ni nada menos que el ejercicio de potestades públicas que como tales podrían incidir en derechos de las personas.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional, que no se afecta la garantía de la igualdad en materia tributaria.

La propuesta, iniciada en moción, dispone un máximo de 11 dirigentes con fuero, para una asociación nacional con presencia en al menos ocho regiones y 30 mil integrantes.

El máximo Tribunal confirmó la sanción impuesta a la señal.

Puede hallarse en juego otro tipo de información que no se encuentra directamente relacionada con la salud, pero cuyo tratamiento indiscriminado también puede ocasionar graves consecuencias para los derechos de las personas, tales como la ubicación geográfica o la información sobre su vida social.

Esto luego que los integrantes de la instancia de Derechos Humanos rechazaran la idea de legislar en votación dividida. El punto más controvertido fue la posibilidad de incluir en este beneficio carcelario a condenados por delitos de lesa humanidad.

El ente contralor sostuvo para que se configure la confianza legítima, debe quedar establecida una vinculación laboral cuya duración haya alcanzado al menos dos renovaciones anuales.

En no pocas oportunidades, más de las que quisiéramos por cierto, ellas están excediendo los límites que importan, entre otros, las funciones y atribuciones de las municipalidades, y nuestros derechos y libertades.