Cristián Rosselot Mora

El autor plantea mantener la estructura escrita del proceso civil chileno y propone incorporar alegatos de bien probado, un régimen especial para litigación compleja y herramientas de inteligencia artificial al trabajo judicial, cuestionando la idea de que la oralidad total sea la única vía de modernización de la justicia civil.

A más de cinco siglos de su suscripción, las Capitulaciones de Santa Fe siguen siendo reconocidas como el primer instrumento jurídico del Derecho Indiano y el origen remoto del Derecho Público chileno, al establecer una estructura de facultades públicas, delegación de poder y régimen de bienes que aún proyecta su influencia en la institucionalidad actual.

El autor reflexiona en esta oportunidad acerca de la reciente elección presidencial e intenta poner en evidencia un rasgo excepcional del constitucionalismo chileno: su capacidad para absorber y disciplinar proyectos ideológicos antagónicos sin romper la continuidad institucional. Para comprender este fenómeno -un gobierno que se presenta inicialmente con un programa de extrema izquierda que accede y entrega el poder democráticamente bajo una Constitución diseñada para prevenir el marxismo, seguido de un nuevo ciclo liberal obligado a operar bajo ese mismo marco-, resulta indispensable revisar

Un estudio comparado entre el derecho del Antiguo Egipto, el Derecho Romano clásico y el Derecho Civil chileno revela cómo la noción de justicia ha transitado desde un ideal divino y moral hasta un modelo institucional y positivista. Aunque cada sistema concibe de manera distinta la relación entre ley, equidad y ética, la investigación concluye que el derecho chileno contemporáneo aún conserva —bajo formas racionalizadas— trazas de aquella aspiración ética presente en la Maat egipcia y en la prudencia equitativa del juez romano, pero subordinadas hoy a la primacía de la ley y al Estado de Dere

El texto examina la evolución doctrinal y jurisprudencial de la acción de nulidad de derecho público en Chile, cuestionando su reducción al ámbito del derecho administrativo y destacando su verdadera naturaleza como mecanismo de justicia constitucional derivado directamente de los artículos 6° y 7° de la Constitución. A partir de la discusión sobre su fundamento, alcance, imprescriptibilidad, legitimación activa y competencia, se plantea que esta acción opera como herramienta esencial para resguardar la juridicidad y el control judicial de los actos de todos los órganos del Estado, consolidánd

Aunque bien intencionada, la condena del presidente Gabriel Boric al ataque estadounidense sobre instalaciones nucleares iraníes presenta graves imprecisiones jurídicas. Este análisis expone los errores técnicos del pronunciamiento, la ausencia de violación al derecho internacional y las implicancias normativas del Tratado de No Proliferación Nuclear y la Carta de la ONU.

El presente análisis examina las competencias legales de Gendarmería de Chile respecto a la clasificación y segmentación de la población penal, particularmente en lo relativo a la situación de los internos del penal de Punta Peuco, abordando los fundamentos normativos que sustentan la permanencia de estos en determinados regímenes carcelarios como derechos adquiridos no disponibles para la administración.

Aunque en Chile no existe el precedente judicial en términos formales ni la jurisprudencia es vinculante para otros tribunales, el autor plantea que las sentencias de casación en el fondo dictadas por la Corte Suprema sí tendrían un efecto obligatorio al menos para el propio tribunal, en virtud del carácter orgánico constitucional de sus atribuciones, lo que introduce un matiz relevante al tradicional entendimiento del sistema normativo chileno.

La elección del Papa León XIV no solo marca un nuevo liderazgo espiritual, sino que revive un legado doctrinario de profunda influencia en la historia occidental y en la institucionalidad chilena. Su nombre evoca a los papas León I y León XIII, y proyecta desafíos contemporáneos que cruzan la moral, la política y el derecho.

Cuando los tribunales actúan fuera de su competencia o sin sujeción a la Constitución, sus actos no son anulables, sino nulos de pleno derecho, lo que refuerza el principio de juridicidad y la supremacía constitucional.

La interrupción civil de la prescripción extintiva se produce por la sola interposición de la demanda, según el tenor literal del artículo 2518 del Código Civil, sin que sea exigible su notificación para efectos interruptivos. Cualquier interpretación contraria —como aquella que subordina la eficacia de la interrupción a una notificación válida— no sólo carece de sustento normativo expreso, sino que además vulnera principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, al permitir decisiones judiciales contradictorias que transforman la aplicación del de

El moderno derecho procesal chileno ha otorgado mayores facultades al juez para reglar la interrupción civil de la prescripción mediante la demanda, rompiendo con paradigmas tradicionales y reafirmando el rol activo del Estado en garantizar la eficacia procesal y la buena fe, sin que ello implique una sanción al demandante por causas ajenas a su voluntad.

Este artículo analiza si, conforme al Código Civil chileno, la interrupción de la prescripción extintiva requiere la notificación legal de la demanda o si basta su presentación al tribunal. Se defiende la postura de que la sola presentación, seguida de notificación válida, es suficiente, a la luz de la ley 20.866 y la práctica forense.