Kamel Cazor

Podría eventualmente acontecer, que ninguno de los candidatos, tanto a Presidente como a Vicepresidente, obtengan la mayoría necesaria para ser elegidos en dichos cargos.

Iniciativa fue despachada por la Comisión de Economía y suspende el corte y pago de suministros por 90 días. Las deudas serían prorrateadas en hasta 12 cuotas sin multas ni intereses adicionales.

La gestión pendiente incide en causa de Derechos Humanos, seguida ante el Ministro en Visita Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La escasez de alojamiento de larga duración constituye una razón imperiosa de interés general, que permite justificar una medida nacional que somete a autorización el arrendamiento tipo Airbnb.

La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 24.

El recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 4.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada Corte de Apelaciones de Iquique, que desechó la excepción de prescripción de la acción.

La Corte Suprema señaló que, la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa

El ente contralor adujo que tienen derecho al beneficio de alimentación los funcionarios de planta o a contrata que se desempeñan o prestan sus labores en un establecimiento dependiente de algún servicio de salud.

El máximo Tribunal estableció que el reclamo se interpuso fuera del plazo legal de 30 días.

La configuración de la acusación en juicio político se encuentra estructurada con exigencias constitucionales taxativas (de Derecho estricto), tanto respecto a las autoridades que pueden ser acusadas, como en cuanto a los ilícitos constitucionales en los cuales se puede fundar.

Es posible deducir que en la denominada “Arista Soquimich”, resultaba evidente la inexistencia de un conflicto de constitucionalidad, pues era manifiesto que la acción carecía de “fundamento plausible”, y que, además, ésta pudiere prosperar.

Creo sinceramente que aún no nos hemos detenido a reflexionar con profundidad en torno a este trascendental asunto, omisión que, a mi parecer, a lo largo de toda nuestra historia republicana, ha generado un verdadero “vacío existencial”.

A través de una declaración firmada por el presidente y el presidente del directorio nacional de Ancore, la entidad se refirió a la necesidad de contar con las leyes para dar cumplimiento a la reforma constitucional que entró en vigencia en 2009 [Ley 20.390] y que estableció la integración de los Consejos Regionales por “Consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.

Mi columna en esta oportunidad tratará de pormenorizar los que, a mi juicio, serían los dos grandes dilemas en nuestro necesario proceso de democratización. Trataré de no abordar en particular ninguno de los contenidos temáticos que, de un modo estructural, constituyen los hitos por resolver en nuestro desarrollo democrático, tales como: la participación ciudadana y…

La actual columna –que está en una línea de continuidad con la anterior- comenzará poniendo en evidencia la gran paradoja que grafica al sistema constitucional chileno, a propósito de la posibilidad regulatoria que posee la potestad legislativa.Ya que, por una parte, se circunscribe a la noción constitucional de la democracia fundamentalista, dándole una clara preeminencia…

Esta columna es la continuación de mi anterior comentario “Gobierno por decretos v/s regulación legislativa”, que llevé a cabo cuando aún no se había dictado la sentencia en la causa Rol N° 1849/2010, sobre televisión digital, por el Tribunal Constitucional. Ahora toca hacerme cargo de algunas consecuencias doctrinarias que es posible deducir del fallo de…

Sin lugar a dudas que se trata de un tema complejo y que puede inaugurar una larga batalla en el Tribunal Constitucional, entre el gobierno y la oposición, frente a futuras decisiones de la Administración que se canalicen por vía de la potestad reglamentaria, dentro de lo que se podría denominar “gobierno por decretos".

Sin lugar a dudas que el recurso de protección es la principal garantía jurisdiccional de tutela de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, se tratará brevemente de dilucidar el interrogante de que, a propósito de la acción de protección, si es posible justificar antinomias de derechos fundamentales en nuestro sistema constitucional.