Identidad Digital y Derecho. Las claves únicas son datos personales y el sistema estatal que las soporta y gestiona no es un bien nacional de uso público

Primero, el contexto. En simple, nos instalamos en el contexto mayor de cómo acreditar la identidad digital (o ID) de personas naturales y de los representantes de las jurídicas o fictas cuando operan en redes y servidores o plataformas. En este ámbito, por ejemplo, sólo mediante credenciales previamente generadas e idóneas (ciberseguras) se debe poder acceder a un sistema de banca digital; y, sólo alguien autenticado previamente debería poder ingresar al sitio web del SII a emitir facturas electrónicas.

Promocionado como un sistema de escala mundial para la autenticación de identidades digitales, sólo cuantitativamente, en base a los 16 millones de usuarios existentes gracias a la pandemia por COVID, nadie reparó –salvo la ICA de Valparaíso[i]– que mediante Claves Únicas (en adelante CU) se eludió la legalidad técnica y jurídica que exigían los permisos de desplazamiento obtenidos en el sistema de comisaría virtual de Carabineros de Chile, siempre generados sin firma electrónica avanzada o sin cumplir con la solemnidad que por ser un instrumento público exige el artículo 4° de la Ley N° 19.799. Pero ya pasó el tiempo de pandemia y su enorme masificación no es sinónimo, en forma alguna, de robustez operativa y jurídica.

Bajo un análisis promocional cuantitativo, se elude reconocer que técnicamente la CU es un sistema no robusto desde el punto de vista de la seguridad, y diversos casos lo siguen demostrando[ii]. Calificado por sus operadores técnicos como un sistema “revolucionario”, ningún sistema comparado lo toma como modelo por sus carencias, en especial, por no poseer un factor adicional de verificación de las credenciales de quien se autentica digitalmente y admitir, por ende, suplantaciones.