Renato Jijena Leiva

Lo esencial es el tratamiento de datos personales. La Identidad Digital no es lo mismo que la imagen de una persona proyectada en redes sociales o en internet; y el llamado delito de “robo de identidad” no es solo una suplantación de alguien usando un perfil falso en RRSS. La Identidad Digital debe ser un idóneo o varios medios idóneos de autenticación para acceder a un sistema informático y/o telemático, y el robo de identidad es el acceso no autorizado a esas credenciales y mecanismos de autenticación para suplantar al titular.

A la Comisión Mixta se le olvidó que lo regulado es muy diverso a lo establecido en la Ley N° 21.680 sobre consolidación de deudas, porque en ella cabe consultar lo consolidado, lo positivo (el patrimonio y los créditos en curso) con lo negativo (la mora y los protestos o la insolvencia), sólo si el deudor consiente expresamente, deudor a deudor y para un acreedor determinado, no como en este caso en que la solvencia y los créditos en curso se tratarán/comunicarán sin su consentimiento y, por ende, sin su autodeterminación.

Jurídicamente todos los dominios de seguridad de la información deben, para ser completos en su implementación, considerar relevar la normativa legal general y especial, reglamentaria, administrativa, contractual y jurisprudencial que sea aplicable. La implementación que se haga de ellos debe ser ajustada a derecho o desarrollada en conformidad al ordenamiento jurídico chileno, porque en caso contrario, sería inadecuada e ilegal.

La empresa funciona “…como una intermediaria entre el acreedor y el deudor, es decir, que no tiene la titularidad de la deuda, sino que intercede en nombre de la empresa acreedora para poder cobrar al deudor”. Y esto legitima -cabalmente- que las empresas de cobranza tengan acceso a los datos personales de los deudores, porque entre ellas y las empresas acreedoras deberá existir un contrato de prestación de servicios específico para operar como un encargado del tratamiento de las empresas acreedoras.

Ahora puede entenderse cabalmente porque es un tema basal que a los proveedores de servicios de cloud no operen deslocalizadamente y almacenando la información gestionada de los chilenos en cualquier lugar del mundo. O que al menos las exigencias de seguridad deben ser siempre altísimas.

La práctica instalada de hecho en Chile debe ser auditada, porque, por su mal diseño, en sede de protección de datos personales no cumple el principio de finalidad única, es desproporcionada, no ofrece alternativas de autenticación y el consentimiento del titular y consumidor es desinformado, …salvo que se crea que “lo acordado y consentido” con una tercera empresa, mandataria o encargada de tratamiento (no sólo con el responsable que quiere autenticar la identidad del que pone la huella sobre el lector), porque existe un texto en el lector que captura la huella es válido, a pesar de extenders

Resulta conflictivo –jurídicamente- el que un simple Oficio Circular determine nuevas obligaciones de transparencia activa, diversas de o al margen de aquellas que la Ley N°20.285 en su artículo 7° contempla taxativamente, de manera excepcional y restrictiva.

Olvidaron, no por error interpretativo, que un simple principio general que mandata colaborar no es una fuente jurídica legal de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, capaz de determinar nuevas competencias y funciones públicas en la forma que exige la Constitución; y, que si un órganos de la Administración del Estado (OAE) no está previamente habilitado por ley para convenir en algo, no puede operar acordando libremente tal o cual cosa como si fuera una empresa privada.

Una segunda lectura de lo modificado, la disruptiva y que no tiene lógica ni fundamento jurídico robusto, es que nada se prohibió sino que expresamente se permitió legalmente -en una norma garantista de Derechos Fundamentales de personas naturales- y de manera general y genérica, que se hicieran predicciones y evaluaciones de riesgos comerciales de personas jurídicas o empresas.

El concepto anglosajón “Fintech”, que por exigencia expresa de la Ley N°21.521 en Chile se ha latinizado a Fintec, alude a un mercado y a un ecosistema que resulta de la unión entre las finanzas y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones o TICs –esencialmente el uso de redes e Internet y sus aplicaciones en teléfonos inteligentes-, y se visualiza posicionado e instalado en la banca, en la industria tecnológica y en la academia como una disrupción entre los servicios financieros y la innovación digital.

El ajuste al principio de legalidad que es esencial en el Derecho Público llevaba a visualizar el alcance del artículo 33 letra m como la obligación de que, al ejercer sus funciones privativas en materia de acceso a documentos, actos, contratos o resoluciones de los OAE (y al dictar las respectivas Decisiones de Amparo) se velara teniendo presente que -de contenerse DP- debía protegerse la finalidad única y de servicio público de su recopilación, la confidencialidad o el secreto general y transversal de ellos, la necesidad de su tratamiento seguro y diligente y el considerarlos excluidos del a

En el ámbito del avance de acciones de Gobierno Electrónico en Chile se desarrolló entonces en la década de los 90, y desde la Ley N°21.180 del año 2019 debe aggiornarse el sistema, una plataforma integrada de servicios ciudadanos o un sistema nacional de información ciudadana. Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o les interesan a los ciudadanos o gobernados, razones de economía de gestión o de costos de transacción abonan que se le pueda ofrecer una opción que les permita en un sólo ámbito conectarse con todos los servicios públicos a la vez, para evit

¿Y el derecho?. Es un componente esencial del concepto de Gobierno Digital, Gobierno Electrónico (GOBE) el que se sitúa en el ámbito del Derecho Público, caracterizado por ser expreso y restrictivo para habilitar competencias y permitir los actos de los OAE. La regla básica que rige la actuación del poder público es constitucional, y consiste en que todas las funciones y las competencias deben ser ejercidas en la forma expresamente prescrita por la ley, y en que las bases que rigen todos los procedimientos son materia de reserva legal o sólo pueden ser materia de ley. Todo, bajo apercibimiento

Tenemos entonces a un ciudadano amparado o protegido en el tratamiento de sus datos personales por una norma constitucional y por una norma legal especial y general o transversal (la Ley N°19.628). Se agregan al bloque legal de tutela concretos y específicos marcos jurídicos contenidos en leyes especiales, como es el caso de la Ley Orgánica del INE que establece el secreto estadístico, o en materia tributaria, especial más no exclusivamente en virtud del artículo 35 del Código, que consagra el secreto tributario y que determina la confidencialidad específica y la criticidad de parte de la data

Todos los casos de hackeo o accesos indebidos (Minsal, Clave Única, Banco Estado, Chilecompras, Servel, etc.) debieran ser un primer objetivo, porque además de su legitimación tendrán que dar razón de haberse adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad y de ciberseguridad. Sería el ideal que se auditara en conjunto con la otra, con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Un cambio radical para el ecosistema chileno de pagos electrónicos puede ser lo que determinó el artículo 31 de la Ley Fintec, cuando se modifica la Ley Orgánica del Banco y establece que “las órdenes de pago comprenden legalmente a las recaídas en tokens o en representaciones digitales, de unidades cuyo valor sea directamente determinable y respaldado en función de dinero”, sea que se trate de moneda nacional o extranjera, o bien, de documentos en que consten obligaciones pagaderas en cualquiera de esas monedas.

A partir de cambios tecnológicos y normativos la forma de pagar está cambiando, propendiendo a un mayor uso de medios de pago electrónicos; ¿consecuencia derivada?: entender que los desarrollos de mercado seguirán influyendo de manera significativa en la forma de pagar, que habrá una mayor carga operacional para las Infraestructuras del Mercado Financiero, y que como tendencias futuras estarían los pagos instantáneos, los activos digitales, la participación de empresas BigTech en los medios de pago y los sistemas de pago cerrados. Nada de tendencias futuras a realidades que tan sólo un año des

No son correctos los criterios de creerse que se opera en el sector privado y entender las plataformas validadas -de cara a los usuarios y administrados- con términos y condiciones de uso, cuando la relación Estado/ciudadanos la determinan sólo leyes y reglamentos y no son negociables contractualmente entre ambos, de manera que incluso se pueda alterar la legalidad vigente, como por ejemplo hoy se hace en materia de eximentes de responsabilidades administrativas y en desarrollos de gran impacto ciudadano

Preocupa que algún servicio público pueda accionar después de monitorear Internet y RRSS, porque nunca será transparente ni objetiva esa calificación de “contenido que desinforme”, y darle competencia formal por ley a alguna entidad pública para hacerlo (puede que ya se esté pensando), inevitablemente abrirá los espacios a los errores o al descriterio en la ponderación, y eventualmente a algún perjuicio para el sujeto activo generador de la supuesta desinformación o imputado por la supuesta noticia falsa.

No sería robusto jurídicamente que la propuesta reciente se haya hecho eco del lobby que se desplegó antes del 2018 y que se ha consignado hace poco en una columna, en cuanto a que el mero señalamiento de que se protegen los datos personales es lo idóneo como técnica legislativa. Claro, a los responsables de tratamiento les acomoda que cada titular y propietario de sus datos nominativos no pueda interponer en su contra una acción constitucional específica ante un Tribunal de Alzada, pero aprobarlo así no es la Política Pública que se espera proteja a las personas naturales y a sus antecedentes