Alcaldes amenazados; el desamparo en su guerra contra la delincuencia

Hace pocos días, gracias a la prensa nacional tomamos conocimiento de Amenazas contra la vida del alcalde de San Bernardo; don Cristopher White, hecho delictual que supuestamente se materializaría el día 17 de septiembre de este año, de manos de un conocido delincuente nacional, alias “Indio Juan”. ¿Quién es este sujeto?, Juan Flores Valenzuela, chileno de 53 años, quien corresponde ni más ni menos que a un compatriota con un pasado como “lanza internacional” en Europa, pistolero que cumplía pena de presido perpetuo calificado (es decir, prisión de por vida sin revisión de esta medidas hasta antes de 40 años de cumplimiento efectivo), por el delito de “Femicidio” de su pareja, quien además en el mes de febrero de este año se fugó de la Penitenciaria de Santiago disfrazado de Gendarme.

Resulta que la PDI, casualmente logro determinar que el “Indio Juan”, buscaba atentar contra el alcalde White, informando esta situación obviamente para fines de resguardo. Sin duda una situación muy grave, pues parece ser que la delincuencia ya no solo dejó de temerle a las policías y a la justicia, sino también al poder político. Lamentablemente, este no es un hecho aislado, quizás muchos no saben, pero los alcaldes Javiera Reyes, Gustavo Toro, Claudio Pizarro, Mario Desbordes y Felipe Muñoz entre otros (fuente radio Concierto), tienen o han tenido resguardo policial en algun momento de su mandato, debido a amenazas que han sido víctimas. ¿Las causas?, sin duda podrían haber varias, pero lo cierto es que los alcaldes u otras autoridades que día a día dan señales de fuerza en su lucha contra la delincuencia, se transforman en una piedra en el zapato para bandas organizadas, micro traficantes de población y la actividad ilegal en general. Entonces, ¿Como se protegen legalmente a nuestras autoridades ante estos hechos?. El Código Penal de nuestro país contempla los delitos de Amenazas y en casos específicos los delitos de Atentados contra la autoridad. No obstante, en el caso de los Alcaldes, en marzo de este año surgió una propuesta para la creación de la figura penal de “Amenazas a autoridades electas”, de lo cual aún no hay noticias. ¿Será la solución la creación de esta figura o bastara con subir penas?.

La situación es grave y debemos “ocuparnos”, no “preocuparnos”. En materia comparada, en torno a la política de la última década; en México han muerto entre 300 y 400 alcaldes (regidores) y candidatos a este puesto. Lo anterior, a manos del crimen organizado (fuente: Data Cívica Proyecto Votar entre Balas); en Colombia más de 1.500 autoridades políticas, entre alcaldes, concejales, lideres comunales (fuentes: Indepaz (Observatorio de DD.HH y Misión de Observación Electoral MOE) y en Brasil entre 200 y 250 concejales y candidatos a alcaldías (fuente: Universidad Federal de Río de Janeiro UNIRIO)

Es hora de tomar cartas en el asunto, no podemos tener policías muertos o heridos a diario , autoridades bajo amenazas y comunas enteras tomadas por la delincuencia. Es momento de formar una mesa de trabajo entre políticos, policías que trabajan en la calle día a día, (no jefaturas que solo reciben resultados), fiscales, abogados constitucionalistas, autoridades comunales y regionales, dirigentes, profesores y vecinos, debemos hacer un trabajo en serio, transversal, sin mirar colores políticos o beneficios personales. Es Chile el que está en juego, hagamos este cambio ahora, no en cuatro paredes con gente que quizás tiene mucho conocimiento peno no conoce la realidad de las calles, sino entre todos.

Jamil Ramírez González

Licenciado en Ciencias Jurídicas