Educación y delincuencia

El asesinato de una inspectora en Calama, junto a otros episodios recientes de violencia en establecimientos educacionales, da cuenta de un fenómeno que difícilmente puede entenderse como aislado. Su reiteración sugiere una relación cada vez más evidente entre educación y delincuencia.

La educación ha sido históricamente un mecanismo central de formación, integración social y transmisión de normas, constituyendo un pilar en la construcción de individuos responsables. Sin embargo, hoy enfrenta dificultades crecientes para sostener esa función, en un contexto marcado por el deterioro de la convivencia escolar, la pérdida de autoridad pedagógica y la fragmentación de los procesos formativos.

El marco normativo vigente, expresado en la Ley N° 20.536 y en las recientes iniciativas sobre convivencia y bienestar, ha privilegiado un enfoque preventivo basado en la formación. No obstante, su implementación se ve tensionada por factores emergentes, como el impacto de las redes sociales y los desafíos en salud mental juvenil, documentados por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En paralelo, medidas como la instalación de detectores de metales reflejan una creciente inclinación hacia respuestas de control.

Esto remite a una cuestión más profunda: la libertad solo puede sostenerse sobre la base de individuos formados y responsables. Cuando esa base se debilita, aumenta la presión por regular externamente al no tener individuos capaces de controlarse por sí mismos.

Así, el desafío no radica únicamente en reforzar mecanismos de control, sino en restituir el carácter formativo de la educación como condición para la responsabilidad individual y la existencia de sujetos libres. ¿Cómo avanzar en esa dirección sin desplazar el equilibrio hacia esquemas cada vez más restrictivos?

Cristóbal Laimböck Muñoz

Fundación para el Progreso