El Estado empresario y el fracaso anunciado

Casi US$30.000 millones invertidos por Codelco en los últimos ocho años, una caída cercana al 22% en la producción y una deuda financiera que bordea los US$26.300 millones, más de cuatro veces la registrada en 2010. Difícilmente podría existir un ejemplo más ilustrativo para analizar el desempeño de una empresa estatal en Chile.

Pero quizás lo más preocupante no sean las cifras asociadas a Codelco, sino la normalización de resultados que, en cualquier otra organización, serían interpretados como una señal de alerta. En el sector privado, invertir más para producir menos obligaría a revisar estrategias, corregir procesos y asumir responsabilidades. Sin embargo, en el ámbito estatal, estas situaciones suelen abordarse mediante nuevas instancias administrativas, informes técnicos o cambios organizacionales que no siempre se traducen en transformaciones sustanciales.

Y Codelco no parece ser una excepción. TVN acumula más de $105.000 millones en pérdidas, Correos de Chile continúa enfrentando dificultades financieras y EFE ha sido objeto de cuestionamientos durante años. Empresas distintas, sectores diferentes y un denominador común que resulta difícil ignorar: todas forman parte del aparato empresarial del Estado.

Resulta llamativo que quienes afirman defender el bienestar de las personas continúen respaldando modelos de gestión que, en la práctica, parecen generar el efecto contrario. Recientemente, el Partido Comunista reiteró su defensa del carácter estatal de Codelco, sosteniendo que las empresas públicas constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, cuando los resultados evidencian un aumento de la deuda, pérdidas financieras y una disminución de la productividad, resulta legítimo preguntarse si el problema radica exclusivamente en quienes administran estas instituciones o si existen deficiencias inherentes al propio modelo de gestión.

Mientras tanto, las listas de espera en salud persisten, el déficit habitacional continúa y la deuda pública proyectada para 2026 alcanzará los $156,8 billones.

Administrar recursos públicos implica administrar el dinero que millones de chilenos entregan obligatoriamente al Estado mediante el pago de impuestos. Si realmente buscamos beneficiar a la ciudadanía, la administración eficiente de los recursos públicos debería constituir una prioridad ineludible. Precisamente por ello, no debiese tolerarse ni un solo peso mal administrado.

Cristóbal Laimböck

Fundación para el Progreso