Huérfanos del Estado: cuando recuperar la nacionalidad se convierte en un problema constitucional

Me dirijo a ustedes para visibilizar una situación que afecta a cientos de personas de origen chileno que, después de haber renunciado a su nacionalidad para poder naturalizarse en otros países, hoy nos encontramos en una especie de limbo jurídico frente al Estado de Chile.

No somos apátridas. Tenemos otra nacionalidad. Pero tampoco somos, en términos prácticos, extranjeros comunes. Nacimos en Chile, tenemos nuestra historia, nuestras familias y nuestros vínculos en el país, pero el ordenamiento jurídico actual no contempla adecuadamente nuestra situación.

El problema se hizo especialmente visible tras el cambio legislativo alemán de 2024, que permitió nuevamente la doble nacionalidad y llevó a muchas personas que habían debido renunciar a su nacionalidad de origen a intentar recuperarla.

Fue entonces cuando muchos descubrimos que recuperar la nacionalidad chilena no era el trámite administrativo que durante años se nos había informado que sería.

Un vacío creado por la propia legislación

Durante décadas, distintos Estados exigieron a quienes querían naturalizarse renunciar a su nacionalidad anterior. Para muchas personas, esa renuncia no fue una decisión verdaderamente libre, sino una condición necesaria para poder vivir, trabajar y desarrollar su vida en el país de residencia.

En Alemania, por ejemplo, la renuncia podía ser necesaria para acceder a la naturalización. Para algunos profesionales, trabajadores y artistas, obtener la nacionalidad alemana significaba además poder desarrollar su actividad laboral con libertad dentro de Europa.

Sin embargo, en Chile la situación jurídica de quienes renunciaron a su nacionalidad cambió sustancialmente.

Para quienes renunciaron después de 2005, la recuperación ya no opera simplemente mediante un procedimiento administrativo: requiere una rehabilitación por ley.

Esto significa que una persona que nació en Chile, que fue chilena durante toda su infancia y parte de su vida adulta, y que renunció a su nacionalidad para cumplir una exigencia de otro Estado, debe ahora esperar que el Congreso apruebe una ley particular para poder recuperar aquella nacionalidad.

El problema no es solamente burocrático.

Es un problema constitucional.

¿Igualdad ante la ley?

Actualmente existen numerosas mociones destinadas a rehabilitar la nacionalidad chilena de personas que se encuentran en esta situación. Algunas avanzan rápidamente; otras permanecen durante años en tramitación.

Esta realidad genera una pregunta difícil de ignorar:

¿Puede depender la recuperación de la nacionalidad chilena de cuándo se presentó una moción, de quién la patrocinó o de la velocidad con que se tramite un proyecto de ley?

Dos personas en circunstancias prácticamente idénticas pueden recibir respuestas completamente diferentes.

Una puede recuperar su nacionalidad en pocos meses. Otra puede esperar años.

Y mientras espera, su vida continúa.

Esta problemática ya ha comenzado a ser reconocida dentro del propio Congreso. El diputado Felipe Ross se refirió recientemente a uno de estos casos y planteó la necesidad de abordar la situación más allá de resolver individualmente cada expediente, apuntando a una eventual solución de carácter constitucional.

Su intervención resulta relevante porque evidencia que no estamos solamente frente a casos aislados: existe un problema normativo que requiere una respuesta general.

El absurdo del “país de origen”

Mi propio caso demuestra hasta qué punto este vacío puede producir situaciones absurdas.

Necesito regresar a Chile para acompañar a mis padres, que son mayores. Solicité una visa por vínculo y llevo más de 11 meses esperando.

Durante el procedimiento se me han solicitado documentos que, precisamente por haber renunciado a la nacionalidad chilena, resultan extremadamente difíciles de obtener.

Para determinados efectos, Chile me considera extranjera. Sin embargo, para otros trámites se sigue considerando a Chile como mi país de origen.

Se me ha solicitado un certificado de antecedentes del país de origen. ¿Cuál es mi país de origen? ¿Chile, donde nací y fui ciudadana, o Alemania, cuya nacionalidad actualmente tengo? Cuando presento documentación chilena, se cuestiona que sea la correspondiente al país de nacionalidad. Cuando presento documentación alemana, se considera que Alemania no es mi país de origen.

Es un círculo burocrático perfecto.

Y en medio de ese círculo está una persona que simplemente quiere volver a su país de nacimiento para cuidar a sus padres.

Cuando el problema afecta derechos básicos

La situación puede tener consecuencias mucho más graves.

Existen personas que no han podido regresar a Chile para acompañar a familiares enfermos o despedirse de ellos. Otras han enfrentado dificultades para regularizar su permanencia en Chile. Algunas no encuentran una vía migratoria adecuada para volver a vivir en el país pese a mantener vínculos familiares y personales evidentes.

En mi caso, la imposibilidad de obtener determinados documentos chilenos también ha generado dificultades para realizar trámites en mi país de residencia.

La paradoja llega al extremo de que un documento que Chile no permite obtener fácilmente puede ser necesario para renovar un pasaporte extranjero.

El resultado es un sistema en el que una persona puede quedar atrapada entre dos administraciones: para una ya no es ciudadana; para la otra, sigue necesitando documentos del país que dejó de reconocerla como tal.

¿Fue realmente voluntaria nuestra renuncia?

Esta es quizás la pregunta de fondo.

Nuestra renuncia a la nacionalidad chilena no puede analizarse siempre como una decisión individual y completamente voluntaria. En muchos casos fue el precio que debimos pagar para obtener otra nacionalidad y poder desarrollar una vida normal.

No renunciamos a Chile porque dejáramos de sentirnos chilenos. Renunciamos porque la legislación del país en que vivíamos nos obligaba a hacerlo.

Y ahora que ese mismo país ha cambiado sus reglas y permite conservar o recuperar la nacionalidad de origen, nos encontramos con que Chile no dispone de un mecanismo equivalente, simple y general para reparar las consecuencias de aquella renuncia.

Una solución que vaya más allá de cada caso

No parece razonable que el Estado tenga que dictar cientos de leyes individuales para devolver una nacionalidad que estas personas tuvieron desde su nacimiento.

Tampoco parece eficiente ni respetuoso con el principio de igualdad que la solución dependa de la suerte legislativa de cada expediente.

La existencia de múltiples mociones individuales demuestra precisamente que el mecanismo actual no está funcionando.

Lo que necesitamos es una solución legislativa —y eventualmente constitucional— que reconozca esta realidad y establezca un procedimiento general, claro y accesible para quienes renunciaron a la nacionalidad chilena bajo circunstancias similares.

No estamos pidiendo un privilegio.

Estamos pidiendo que el Estado corrija un vacío que afecta directamente nuestra relación jurídica con Chile.

Somos más de 200 personas que hemos comenzado a organizarnos y a levantar la voz. Muchos hemos guardado silencio durante años por privacidad, vergüenza o simplemente porque no sabíamos a quién acudir.

Pero esta situación ya no puede seguir siendo invisible.

No somos huérfanos de patria. Somos personas que nacimos en Chile y que, por una exigencia legal extranjera, tuvimos que renunciar a nuestra nacionalidad.

Hoy queremos recuperar ese vínculo.

Y el Estado debería preguntarse si es constitucionalmente razonable que, para volver a ser ciudadanos del país donde nacimos, tengamos que pedirle al Congreso que nos haga una ley a cada uno.

Renunciar a una nacionalidad puede haber sido una exigencia de otro Estado. Pero perder para siempre el derecho a volver a casa no debería ser la consecuencia.

Alejandra Iglesias Rivera