¿Justicia, venganza o castigo eterno?

Lo que en Chile se presenta como justicia en causas de derechos humanos se ha ido transformando en una maquinaria implacable, ideologizada y deshumanizada. Ya no se trata de perseguir delitos —ni siquiera de esclarecer la verdad—, sino de sostener, a cualquier costo, un relato político. Uno que ha pasado de apuntar a exuniformados a intentar neutralizar y deslegitimar a los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, mediante acusaciones construidas, procedimientos dudosos y condenas mediáticas anticipadas.

El caso del carabinero Sebastián Zamora, acusado injustamente en el contexto del llamado caso Puente Pío Nono —y finalmente absuelto de manera definitiva— evidencia el nivel de ensañamiento al que puede llegar un sistema que busca culpables simbólicos, no verdades jurídicas. Años de persecución pública, suspensión laboral y desgaste institucional solo para confirmar lo que debió haberse resuelto en semanas: su inocencia.

Lo mismo ocurre con las denuncias recientes desde Temuco, donde incluso un diputado ha solicitado información al INDH sobre falsas víctimas del estallido social que habrían recibido pensiones de gracia y respaldo jurídico, a pesar de que los hechos denunciados carecen de veracidad o fueron descartados judicialmente. Este tipo de prácticas no solo deslegitima la justicia, sino que también convierte el dolor real en negocio, y el activismo judicial en carrera profesional o política.