Seguridad y consumo: Una obligación que no se negocia

Hace pocos días el SERNAC indicó que denunció ante la justicia a Mall Plaza Oeste porque parte del techo del recinto cayó y lesionó a una clienta. El caso reabre una pregunta básica: ¿quié**n responde cuando un accidente ocurre dentro de un centro comercial?

La respuesta ya está en la Ley 19.496. Su artículo 3 letra d reconoce el derecho de cada consumidor a utilizar bienes y servicios “en condiciones de seguridad” y sin riesgos para su salud. Ese deber no se agota en el producto que uno compra; se extiende al lugar donde la compra ocurre. Si el entorno es peligroso, la empresa falla en el cumplimiento de este deber lega, y eso, no es transable.

Los tribunales lo han dejado claro. En 2017, un supermercado mayorista de Valdivia debió pagar un millón de pesos a una clienta que resbaló en su sala de ventas, sufriendo lesiones que le imposibilitaron moverse. Por su parte, la Corte de Iquique, en 2024, condenó a un supermercado a indemnizar a otra consumidora tras una caída incapacitante. La Corte Suprema, en 2022, condenó a una empresa del retaila pagar una indemnización superior a los 80 millones de pesos por las lesiones que sufrió un menor dentro de la tienda. La lista es larga y el mensaje, el mismo: quien abre sus puertas al público debe garantizar un entorno seguro.