Funcionarios públicos.
Contraloría General se abstiene de emitir pronunciamiento sobre asunto litigioso en relación a la aplicación de principio de la confianza legítima en materia de contratas.
Se trata de una materia litigiosa que cuenta con reiteradas sentencias de la Corte de Suprema, que concluyen que la confianza legitima de los funcionarios a contrata se configura desde los 5 años en el ejercicio del cargo, no a los 2 años, como se indicaba con anterioridad.
Conforme lo han determinado diversos pronunciamientos, las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro.
En similar sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en orden a que el plazo necesario para dar lugar a la confianza legítima, en el caso de las personas designadas a contrata, era de dos años.
Sin embargo, con posterioridad el Máximo Tribunal, en un criterio unificador de su jurisprudencia, ha sostenido que el referido principio opera después de cinco años de servir en la apuntada modalidad.
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