Exigir a los candidatos a representantes del Presidente en órganos colegiados de universidades del Estado condiciones éticas y adhesión al programa de gobierno no vulnera la presunción de inocencia ni constituye proselitismo político, dictamina el Contralor.

Los Diputados Cristián Araya (P.Repúblicano) y Stephan Schubert (Ind), solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciamiento respecto de la legalidad del Oficio 06/4104 emitido por la Subsecretaría de Educación Superior, el cual fue dirigido a los rectores de las universidades estatales, con la finalidad de comunicar el inicio del procedimiento de nombramiento de los representantes del Presidente de la República que integrarán los máximos órganos colegiados de cada una de ellas, y que se propusieran nombres para dichas plazas.

Los congresistas requirieron que el Contralor se pronuncie sobre las condiciones –además de los requisitos legales exigidos en cada caso- que se fijaron por la autoridad para los candidatos que fueren propuestos, puntualmente no estar vinculados a una situación de acoso laboral o sexual y de compartir las líneas programáticas del Gobierno en materia de Educación Superior.

Consideran que la primera exigencia resulta contraria al debido proceso y a la presunción de inocencia, dado que bastaría con una denuncia para inhabilitar a un candidato del concurso, y respecto de la segunda estima que constituye proselitismo político e intervencionismo ideológico, además de representar un atentado en contra del pluralismo que debe conducir el quehacer de las universidades del Estado, todo lo cual excedería las facultades de aquella superioridad.